Buscan un acuerdo para que se aplique la polémica Ley de Narcomenudeo

En Casa de Gobierno, el gobernador interino Osvaldo Jaldo dijo claramente que pretendía que la Ley de Narcomenudeo se pusiera en vigencia cuanto antes. El planteo generó reacciones en la Legislatura, donde hubo apoyos y cuestionamientos. Y el Poder Judicial, a quien iba dirigido el mensaje, se mantiene en un prudencial silencio hasta tanto se aclare el panorama, pero se dejó una puerta abierta.

En 2014, cuando José Alperovich era gobernador de la provincia, se sancionó y promulgó la norma, pero un planteo realizado por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, aceptado por la Corte Suprema de Justicia, frenó su aplicación. En 2019, por iniciativa de Jaldo, se sancionó otra ley para tratar de eludir la traba legal. Pero en abril pasado, el máximo tribunal volvió a frenar. Sobre el planteo realizado por el PE, en los pasillos de Tribunales se habló poco porque, según dijeron, la situación no cambió en lo más mínimo. Sin embargo, no descartan que haya un encuentro con representantes de los otros poderes. “Quedan dos alternativas: que se siga como está o se perfeccione la nueva norma, que es inaplicable”, sentenció una alta fuente.

Cuentan en los pasillos de Casa de Gobierno que sería inminente un llamado telefónico para concretar una reunión. Ese encuentro servirá para analizar la cuestión. Varias fuentes indicaron que los representantes del Poder Judicial podrían llevar una lista de exigencias. Aún no se sabe cuál será la postura del MPF, cuyo titular frenó la aplicación de la ley, pero todo parecería indicar que tampoco pondría nuevas trabas si se escuchan en presentaciones. Los del Ejecutivo aseguraron que tratarán de satisfacer sus necesidades.

Mientras las negociaciones avanzan, la mayoría de los legisladores salieron a apoyar la iniciativa de Jaldo o cuestionaron que la norma sigue sin aplicarse en la provincia. “Estoy absolutamente de acuerdo con su postura. Es necesario invertir en la creación de un fuero con jueces, fiscales y defensores especializados en el microtráfico”, señaló Gerónimo Vargas Aignasse.

El titular de la comisión de Seguridad agregó: “como lo dije siempre, la Justicia federal no tiene la capacidad operativa para atender el crecimiento exponencial de esta actividad ilegal que detona múltiples delitos a partir de su comisión”.

“El gobernador Jaldo busca darle al Estado y a la sociedad un instrumento más para la lucha contra un flagelo que necesita un tratamiento mucho más integral con políticas públicas que den respuestas más efectivas”, señaló el también oficialista Daniel Deiana. “Hay que dar respuestas más efectivas contra un delito que destina recursos y lleva acciones más sofisticadas para su desarrollo. Eso obliga al Estado a ponerse en el mismo nivel para combatirlo. Pero también se necesitan programas de prevención”, opinó.

Números y algo más

El radical Raúl Albarracín también celebró la decisión que tomó Jaldo en insistir con la aplicación de esta norma. “Es bienvenido que el gobernador haya mostrado su preocupación por impulsar la aplicación de esta norma. La lucha contra la droga debe ser de todas formas para vencerla. Es una pulseada que tiene la sociedad toda sin distinciones de banderías políticas para salvaguardar la vida de nuestra gente. Anhelo que esta vez haya una fuerte decisión política en este sentido, porque (Juan) Manzur, al momento de promulgar esta norma dijo ‘vamos a ir a fondo en la lucha contra el narcotráfico’, pero como sabemos, todo quedó en la nada”, señaló.

El legislador indicó que, por las experiencias que se recogieron en Buenos Aires, Salta, Córdoba y Santiago del Estero por haber implementado esta norma, implica en que se debe aplicar de manera integral y bien orientada. “Caso contrario, se van a destinar el grueso de los esfuerzos y recursos para perseguir a meros consumidores y no a quienes trafican. Esto sería lo que debemos evitar en Tucumán”, añadió.

Albarracín también recordó una disertación que realizó el juez de impugnación Edgardo Sánchez cuando aún era fiscal. “Es necesario reconocer, en estas similitudes, con otras provincias, que el resultado final posible es uno solo y el mismo. La nueva política criminal del Estado provincial es avanzar en la aplicación operativa y práctica de las competencias judiciales en materia de narcomenudeo. No hay marcha atrás posible”, señaló. “Dentro de este objetivo debemos enmarcar, necesariamente, nuestra lucha local contra el microtráfico para dar respuesta concreta e inmediata al reclamo social”, añadió.

Críticos

“El hecho que Jaldo ahora quiera tomar esa iniciativa no lo absuelve de la demora injustificada en asumir sus responsabilidades. Él y Manzur son los responsables de muchas pérdidas, en vidas y hacienda, de muchísimos tucumanos que sufren por el Estado ausente”, opinó el republicano Ricardo Bussi. “La falta de respuestas en esta temática, como en muchos otros asuntos de vital importancia, ponen en evidencia que al peronismo nada le importa la suerte de los tucumanos, y que solo responden a impulsos espasmódicos que no le sirven a la provincia”, añadió.

“La vigencia de la Ley de Narcomenudeo se dará cuando se deje de buscar títulos en los diarios y se empiecen a tomar decisiones políticas. Los tucumanos no podemos caer en ese actuado cruce de acusaciones entre el Gobierno y la Justicia cuando en Tucumán son lo mismo, porque el oficialismo se encargó de borrar los límites para tener sentencias a la carta. Ambos miran para otro lado, son cómplices”, destacó el legislador radical José María Canelada.

“Desde que se aprobó la ley, de la que soy autor, no hemos visto otra cosa en Tucumán que desidia, cuando no complicidad. Las numerosas postergaciones en estos años y la falta de reacción de una Corte a la que he exigido respuestas a través de una nota en abril del año pasado, dieron cuenta de un Estado al que no le interesa luchar contra el narcomenudeo, que sólo le importa las puestas en escena”, finalizó el legislador opositor.

Tragedia en Buenos Aires: imputaron de homicidio a los acusados de vender la cocaína envenenada

Varias novedades se registraron en el caso de la cocaína envenenada que provocó la muerte de 24 personas y la intoxicación de otras 80, de las cuales más de 30 continúan internadas. Los detenidos por acusados de haber comercializado las dosis letales, sumaron una nueva imputación: la de homicidio por la muerte de los víctimas cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 40 años.
Mientras se producía el movimiento judicial, las fuerzas de seguridad recibían la tarea de investigar si en otras provincias se había comercializado la misma droga, puesto que en Rosario fueron internados seis adictos con los mismos síntomas de los atendidos en Buenos Aires. Se sospecha que la droga también podría haber llegado a Córdoba, lo que descartaría que la tragedia se desencadenó por una guerra entre dos organizaciones.

Por último, los primeros resultados de las pericias descartaron la presencia de fentanilo en las dosis que fueron analizadas.

Idas y vueltas

En 2014, el ex gobernador José Alperovich se adhiere a la provincialización de la lucha contra el narcomenudeo que pedía la Nación.

La norma no entró en vigencia el 1 de enero de 2015 porque el Ministerio Público Fiscal presenta una medida cautelar que fue aceptada por la Corte.

En 2019, por insistencia de Jaldo, se aprueba otra norma de lucha contra el narcomenudeo para eludir la traba legal impuesta por el Poder Judicial

Después de varias prórrogas, en abril de 2021, por no haber resuelto la cuestión de fondo, la última ley queda sepultada en los cajones de los funcionarios.