18 Febrero 2022
IMAGEN ILUSTRATIVA
“En Tucumán, nueve de cada 10 mujeres han sido acosadas sexualmente en espacios públicos. Vetar la ley con el argumento de que hay crisis carcelaria es decirle a las mujeres que no denuncien ni pretendan sanciones para esta forma de violencia. Es un mensaje que el Estado no puede dar”, afirmó esta mañana el legislador José María Canelada, al presentar una nota en Casa de Gobierno refutando los argumentos del ministerio de Seguridad publicados en medios periodísticos, donde recomienda que se rechace la ley.
Canelada recordó en la presentación que Tucumán adhirió a la ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (entre las que se encuentra el acoso callejero) y que las fuerzas policiales y de seguridad deben actuar para proteger a las mujeres “víctimas de violencia de género cuando la violencia ocurre en el espacio público o de acceso público, incluida la modalidad de “violencia contra las mujeres en los espacios públicos” conocida como “acoso callejero”.
“En Tucumán el acoso callejero no es menos grave que en otras provincias donde se reguló esta situación y las estadísticas lo demuestran; decir que promulgar esta ley agrava la crisis carcelaria presupone poner en cabeza de las mujeres, víctimas de este tipo de contravenciones, la responsabilidad por la falta de políticas estatales para solucionar la situación de los lugares de detención".
Y agregó: "Estamos desviando el debate. La ley de acoso callejero no viene a solucionar la crisis carcelaria viene a proteger a las mujeres por lo que, un eventual veto implica dos mensajes: que El estado no está dispuesto a protegerlas y que, además, las responsabiliza por ´agravar´ una situación que no está en sus manos resolver”.
JOSÉ MARÍA CANELADA
Por otro lado, Canelada se refirió al argumento de que hay artículos de la ley de contravenciones declarados inconstitucionales por la Corte Suprema.
“La ley de contravenciones vigente desde la dictadura debe ser modificada en su totalidad. Tan convencido estoy de eso que, en tres oportunidades desde que soy legislador, he presentado un proyecto denominado ‘Código de Convivencia’. Pero el oficialismo se niega a dar el debate. Si la preocupación es sincera sería ya momento de atender el problema de fondo. Al igual que la emergencia carcelaria, este Código es otra deuda de la provincia para con sus ciudadanos y ciudadanas y por una decisión exclusivamente política está postergada desde hace mucho tiempo”, dijo.
"La contradicción de las autoridades de seguridad es tal, que aplican la ley de contravenciones en todos los otros casos sin cuestionar su constitucionalidad", manifestó Canelada.
“En los últimos años se ha incrementado el monto de las multas, se crearon nuevas contravenciones como la difusión de fakenews. Pero cuando lo que está en juego es la libertad e integridad de las mujeres resulta que hay que ser más prudentes y postergar las problemáticas hasta llegar a soluciones integrales. Esta situación es injusta y peligrosa, sobre todo si recordamos casos como el de Paola Tacacho, quien pasó los últimos años de su vida siendo constantemente acosada y que pese a todas las denuncias que hizo, siguió siendo perseguida, hostigada e intimidada en la calle. Vale recordar que a Paola Tacacho la mataron tras 5 años constantes de acoso sexual callejero y virtual y la falta de valor que se le dio al mismo”.
“Al Jaldo le pregunto, ¿qué significa para las miles de mujeres que han cambiado recorridos y su forma de vestir, por miedo a ser violentadas?, ¿qué significa para todas aquellas que salieron corriendo a denunciar a sus acosadores diarios y se encontraron con una ley no promulgada? Peor aún, ¿qué significa para quienes han decidido cercenar la libertad individual de estas mujeres? Un posible veto a esta ley no es más que un mensaje de impunidad”, concluyó.
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José María Canelada
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