Acoso callejero: no todas coinciden frente a la nueva ley

Con la aprobación del proyecto de ley que sanciona el acoso en la vía pública se reavivó el debate en torno a las violencias que sufren las mujeres. Pese a considerarlo un gran avance en materia de derechos, distintas organizaciones sociales que luchan contra esta problemática manifestaron su descontento al no ser consideradas en la planificación y diseño de esta ley que afectará, principalmente, a las mujeres.

En este sentido, Yanina Muñoz, conductora y coordinadora en Tucumán del Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) comentó a LA GACETA que este proyecto se va a complementar y a funcionar en conjunto con otras leyes ya vigentes como la Ley Micaela, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Nacional 26.485 que incluye el acoso callejero como un tipo de violencia.

Desde el Observatorio Mujeres y Disidencias de Derecho realizaron encuestas que arrojaron datos preocupantes: nueve de cada 10 mujeres se sienten inseguras en la vía pública; y el dato más llamativo es que a ese tipo de violencias en espacios públicos las mujeres comienzan a padecerlo a los nueve años. “Pone en debate nuevamente estas situaciones que vivimos. Tomar conciencia y desnaturalizar es fundamental para erradicar los llamados ‘piropos’, que se pueden convertir en hostigamiento, humillación, persecución o cuando se pone en riesgo la integridad física y sexual de las mujeres. La mayoría de las veces adoptamos estrategias por nuestros propios medios para cuidarnos: tomamos rutas alternativas para volver a casa, evitamos ir por lugares oscuros o incluso no estar pasadas las 22 horas en paradas de colectivos”, dijo Muñoz.

Si bien en la actualidad el acoso verbal y sexual en Tucumán puede denunciarse porque la Ley Nacional lo avala “lo que hace esta aprobación es tener una sanción más específica”, dijo la referente. Y agregó: “habrá que ver el modo de implementación, pero para nosotras es un paso importante porque pone visibilidad en estas situaciones de violencia; más en una provincia donde tenemos el antecedente de Paola Tacacho. Hacemos énfasis en la subestimación del acoso, es decir, hasta dónde es el límite, cuándo se convierte en un riesgo de vida para las mujeres”.

Con paciencia

Muñoz entiende que lograr cambios culturales toma tiempo, sobre todo en las instituciones responsables de cumplir las leyes y sostiene que el proyecto pone el eje alrededor del Ministerio de Seguridad. “El tema de la revictimización es algo que queda pendiente con las instituciones, es en lo que debemos trabajar”, explicó.

Al mismo tiempo, destacó el avance en materia legislativa y de Políticas Públicas con perspectiva de género. “Han sido de avanzada en nuestra sociedad en lo que respecta a derechos, inclusión e igualdad; pero mucho de eso se queda a medias. Habrá que ver cómo nos apropiamos de las leyes y las ponemos en práctica”, manifestó.

Marcos legales

La representante de MuMaLá explicó que el propósito es que las mujeres puedan conocer los marcos legales que las respaldan y poder actuar en consecuencia. “Hay cuestiones de fondo que las tenemos que trabajar de otra manera. Hay que trabajar en una política de control sobre el agresor pero también trabajar articuladamente las nuevas masculinidades”. Remarcó, además, la importancia de cuestionar la hegemonía naturalizada desde otros ámbitos como la educación, la cultura y la recreación y trabajar conjuntamente con todos los poderes del Estado. “Necesitamos que cambien la perspectiva con la que abordan estos temas, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial. Y desde allí empezar a trabajar en coordinación con el Ministerio de Educación, con dispositivos y herramientas que se puedan aplicar desde la edad escolar: la implementación efectiva de la ESI, en la que se trabaja la salud sexual pero también las diferentes formas de violencia para poder brindarles a los niños y niñas las herramientas que les permitan identificar y expresar si viven o no aquellas situaciones. Son problemáticas muy complejas, los agresores usan estrategias que tienen que ver con el poder superior sobre la víctima y los niños no logran reconocer esas situaciones como de violencia.”, puntualizó.

Al contrario, Alejandra Del Castillo, de la Organización Plenario de Trabajadoras que forma parte del Colectivo Ni Una Menos Tucumán, expresó su mirada crítica de la ley. “Se enmarca o modifica la Ley de Contravenciones sancionada durante la dictadura y que la Corte declaró inconstitucional. Entonces las acciones que se desprendan de esa ley serán inconstitucionales. Lo que hace es darle facultades a la Policía, la arbitrariedad de decidir si una mujer sufrió o no acoso. Es una institución que ejerce violencia de género y muchas mujeres frente a ese temor y por la revictimización no van a denunciar”, aclaró.

Además, resaltó que no es un proyecto en el que hayan tenido participación los sectores feministas y que si bien es una iniciativa que se introdujo en el seno de la Legislatura, quienes lo impulsaron son personas ajenas al movimiento de mujeres. “Es una ley de cotillón, de maquillaje, con la que la Legislatura pretende mostrar que está dando respuesta a los reclamos de las mujeres, cuando efectivamente no es así” aseguró. Opinó, además, que la Justicia “no opera ni siquiera frente a situaciones extremas en donde está en riesgo la vida de las mujeres, entonces que se puede esperar de las denuncias de acoso”.

Punitivismo

Del Castillo consideró que la salida no debe ser punitivista o represiva, sino que debe estar enfocada en la asistencia y prevención de la violencia, en destinar recursos para garantizar la real igualdad de las mujeres. “El foco debe estar en la ESI y en erradicar la enseñanza religiosa en las escuela públicas, la cual enseña un rol equivocado de la mujer en la sociedad. Se debe destinar presupuesto para formación y capacitación en el ámbito laboral, de la salud y de justicia”, dijo.

Al consultarle sobre la intención de incluir al Ministerio de Educación en el trabajo articulado, Del Castillo manifestó: “queda en expresiones de deseo pero en Tucumán no se incluye la Educación Sexual Integral en la currícula y tampoco se modificó la enseñanza de religión en las escuela públicas, mucho menos se tiene en cuenta a las diversidades”. “Lo que nosotras reclamamos son medidas que tienen que ver con el presupuesto destinado a la prevención y asistencia y no medias de cotillón que en este caso es peor porque se asientan sobre leyes anticonstitucionales que están vigentes en Tucumán”, afirmó.

(Producción periodística, Graciela Di Vico).