Por Gustavo Rodríguez
15 Marzo 2022
La llegada de un nuevo jefe de Policía abre un importante abanico de cambios. Y el comisario Julio Fernández ya comenzó a hacerlos. Delante de las cámaras dijo cuáles serán sus dos principales objetivos: fortalecer las áreas de investigación y seguir insistiendo con las de prevención. Detrás de las cámaras les dijo a los hombres de la plana mayor, que ambas tareas deben ir de la mano. Que una se complemente con la otra y que a partir de ahora deben trabajar de manera más coordinada. Y confirmó con hechos sus palabras.
Hizo modificaciones al por mayor. No tocó a los hombres que venían realizando bien su tarea. De las áreas investigativas, mantuvieron sus cargos Jorge Nacusse (Digedrop), Jorge Dib (ex Brigada de Investigaciones) y Héctor Gustavo Vizcarra (Inteligencia). En las regionales, no fueron trasladados Joaquín Girbaux (Norte) y Fabio Ferreira (Este), comisarios que tienen una dilatada trayectoria en organización de operativos y trabajo en conjunto con las guardias urbanas. Después en todas las áreas sensibles, como las direcciones de Prevención Ciudadana (que tiene a su cargo Patrulla Urbana, servicio 911 y el programa de Cuadrantes de Patrulla), Delitos Rurales y Ambientales (cuestionados por dirigentes ruralistas en los últimos tiempos), Operaciones Policiales y las regionales Capital, Oeste y Sur tienen nuevos jefes a los que se les dio la oportunidad de elegir a la gente de su confianza para llevar adelante la difícil tarea de reducir los índices de inseguridad.
Para algunos, los cambios son un castigo; para otros, un ascenso. Pero lo importante no es esa diferencia, sino la advertencia que recibieron durante un asado realizado el viernes. Ninguno de los “nuevos” quedó atado a su cargo. Su tarea estará siendo analizada para determinar si continuarán o si les darán unas vacaciones antes de ser pasados a retiro. Este plan no es nuevo. Se viene analizando desde hace bastante tiempo. Y la demora en la confirmación de Fernández en el cargo tuvo una razón de ser: se analizaría cuál sería su propuesta de trabajo. No hubo nada sorpresivo; ya lo había anticipado el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa cuando se le aceptó la renuncia a su antecesor, Manuel Bernachi. “Vamos a tomarnos un tiempo”, había anticipado. Pero nadie le creyó.
Exigencias
El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, desde que pasó a ocupar el despacho más importante de la Casa de Gobierno dejó en claro que la seguridad sería su prioridad. Y apostó todo a que los tucumanos vieran que ese sería el eje central de su gestión. Por eso se encargó de exigir públicamente que se pusiera en vigencia la ley de Narcomenudeo; realizó una millonaria inversión para dotar a la fuerza de 100 camionetas nuevas que serán entregadas proximamente; anunció la construcción de dos alcaldías para sacar a los detenidos de los calabozos de las comisarías y así liberar a más del 25% de uniformados (más de 2.000 agentes) de cumplir con ese trabajo que no les corresponde y para el cual no fueron preparados.
Sin embargo, todos saben que el tranqueño es generoso a la hora de dar y cuando lo hace, después exige resultados. Y eso es lo que hará a partir de ahora. Los responsables del área de Seguridad lo saben y en la tempranera reunión que se realizó ayer en la Casa de Gobierno, se lo hizo saber a los jefes más importantes de la fuerza. Básicamente, Jaldo pretende que los números sigan mejorando, como la baja sostenida de la cantidad de homicidios registrada en los últimos tiempos. Pretende que pase lo mismo con los otros delitos. Pero lo que no sabe es que en cuestión de seguridad, los tiempos son otros. Y más aún si se tiene en cuenta que los buenos resultados se consiguen en un plazo mucho más largo que los tiempos políticos. Y es probable que esos números terminen reflejándose en otra gestión, si es que no sigue al frente del Poder Ejecutivo.
Ensayo
Yerba Buena, en los últimos días, pasó a ser una especie de laboratorio de lo que ocurre en las calles de la provincia. Comerciantes y vecinos denunciaron una ola de robos y asaltos. Y en el medio hubo dos casos emblemáticos: un audio viralizado falso que generó conmoción y una falsa denuncia de un robo que no existió. Las cifras que muestran las autoridades sobre los índices de los delitos son completamente diferentes a los que motivaron los reclamos. Y en el otro extremo, se encuentran los ciudadanos que por una razón u otra, con o sin justificación, no cumplen con su obligación de denunciar los casos para que se sepa cuál es la realidad.
La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Enviaron a los responsables de la fuerza a dialogar con los indignados para buscar una solución al conflicto. Y eso es lo que tratará de inculcar Fernández a los miembros de la fuerza. Para que los tucumanos vuelvan a creer en la Policía, deben verlos en las calles evitando que delincuentes se apoderen de ellas y que se esclarezcan los ilícitos para que la comunidad sepa que hay una reacción. Parece una tarea titánica, pero no lo es. Y hay un ejemplo: en Yerba Buena, en los dos primeros meses de 2021 se denunciaron más de 15 “escruches” y, en idéntica cantidad de días de 2022, apenas si llegaron a ser tres. La desarticulación de la banda conocida como “La industria del escruche” fue la razón de esa importante baja de esa modalidad delictiva. Ese es el camino que pretende seguir Fernández.
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