31 Marzo 2022
Los problemas de corto plazo y las urgencias, en la Argentina, no sólo son de índole económica: también lo son de naturaleza institucional. Se agota la cuenta regresiva para que el Congreso de la Nación dicte una ley que dé al Consejo de la Magistratura de la Nación una estructura equilibrada, tal y como manda la Constitución nacional y tal y como funcionó durante, prácticamente, su primera década. En diciembre, la Corte Suprema de la Nación fulminó la segunda reforma “K” de ese organismo encargado de la selección de los jueces federales. El fallo dio 120 días de plazo para armonizar la estructura de ese instituto con la manda constitucional: vencen el 15 de abril. Pese a la premura, el oficialismo levantó la sesión del Senado de la Nación que debía celebrarse ayer.
Las razones del inoportuno aplazamiento consisten en que el kirchnerismo ha insistido con imponer su proyecto de ley, resistiéndose inclusive a consensuarlo con sus propios aliados. Hasta último momento, la conducción del bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta buscó conseguir los 37 votos (la mitad más uno de los 72 senadores) para sancionar sin modificaciones su propuesta. El intentó naufragó porque el ex gobernador patagónico Alberto Weretineck (Juntos Somos Río Negro) se negó a acompañar la propuesta del Ejecutivo Nacional si no se tienen en cuenta algunas de sus propuestas. La peronista Clara Vega (La Rioja), que ha acompañado al Gobierno en iniciativas como la reforma del Impuesto a los Bienes Personales, también tomó distancia. El dictamen de mayoría volverá a comisiones.
La resistencia que genera la propuesta oficialista se sintetiza en que el kirchnerismo, más que a una reforma que vuelva a equilibrar al Consejo de la Magistratura, sólo ofrece parchar la actual composición, que ha sido invalidada por la Justicia.
El Consejo nació con la reforma constitucional de 1994 (Cristina Kirchner fue convencional). La Ley Fundamental ordena que ese instituto “procure el equilibrio entre la representación” de políticos, de jueces y de abogados de la matrícula federal”, además de incluir académicos. En 1997 (Cristina era senadora y luego fue diputada) se votó la ley reglamentaria 24.937. Tras algunas modificaciones, el órgano comenzó a funcionar en 1998. Lo integraron el titular de la Corte, 4 jueces, abogados, 2 diputados por la mayoría y 2 por la minoría, 2 senadores por la mayoría y 2 por la minoría, 2 académicos y un representante de la Casa Rosada.
Ese organismo balanceado fue reformado en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner: se adujo que con 20 miembros era lento y burocrático se y lo redujo a 13 consejeros: 7 eran representantes del poder político. De estos, 5 eran del oficialismo. Esta composición fue cuestionada en la Justicia y cuando hubo fallos adversos de los tribunales inferiores, en 2013 (segunda presidencia de Cristina) vino la reforma de la reforma. Se aumentó el número a 19. Pero, para “democratizar la Justicia”, a los consejeros (incluyendo a los jueces) se los elegiría en elecciones nacionales, a través de los partidos.
La reforma de 2013 fue declarada inconstitucional, de modo que se mantuvo la estructura de 13 miembros de 2006, la cual resultó finalmente anulada por la corte a fines de 2021.
Ahora el Gobierno propone, por toda enmienda, agregar dos abogados, un juez y un académico, llevando a 17 los consejeros. Es decir, el oficialismo reduce a un asunto de cifras una cuestión que es de equilibrios. Por caso, el dictamen de minoría, de la oposición, vuelve al esquema original.
Si en 15 días no hay una norma que lo reorganice (también debe avalarla Diputados), el Consejo quedará inhabilitado para dictar resoluciones.
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