Por Rodolfo Casen
20 Abril 2022
ALUMNOS SÍ, PRESOS NO. En Río Seco, los habitante no quieren que funcione la alcaidía en la ex Técnica. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
Los vecinos de Río Seco se mantienen acampados frente al edificio de la ex Escuela Técnica y en asamblea permanente. Ratificaron ayer su decisión de impedir que el Gobierno provincial ponga en marcha en ese sitio un proyecto de construcción de una alcaidía destinada a 176 reclusos. “No vamos a permitir que se baje aquí ni un ladrillo”, advirtieron.
Los habitantes se oponen a la iniciativa porque el inmueble fue donado en 1985 por el comerciante Miguel Chalom con fines educativos y además porque no quieren -dijeron- una “cárcel” en pleno centro del pueblo.
El ánimo de los vecinos auto-convocados comenzó a tensarse el lunes cuando recibieron el anuncio de la Defensoría del Pueblo de que se daba por concluida la mesa de diálogo abierta por esa institución con el fin de procurar una salida al conflicto.
Se les dijo que la disposición surgió a partir de establecerse que la construcción de la alcaidía es casi un hecho. El propio gobernador, Osvaldo Jaldo, ayer en conferencia de prensa, se refirió a las obras que encara el Gobierno con el fin de reforzar la seguridad en Tucumán.
Luego de precisar que se está adjudicando una nueva cárcel para 1.200 plazas en Benjamín Paz, ratificó además la ejecución de la alcaidía proyectada en Río Seco y también otras en Las Talitas, Banda del Río Salí y Delfín Gallo.
“Después de mucho tiempo el gobierno tiene una política carcelaria. La última vez que se construyó una fue Villa Urquiza, hace 100 años” remarcó el primer mandatario. No hubo alusión a la situación que se plantea en el pueblo en que está asentado el ingenio La Providencia.
De la familia Chalom
Pero no son sólo los vecinos los que se oponen al proyecto en cuestión, sino también la familia Chalom. Reclama que se cumpla la voluntad de don Miguel que, al donar el inmueble en que se decidió levantar la alcaidía, lo hizo para que ahí se construya una escuela.
¿Con qué herramienta legal la Provincia dispuso cambiar el destino fijado por el donante?, se le consultó a la familia Chalom. “Al parecer las autoridades de la Escuela Técnica, que funcionó varios años en el edificio dado por mi padre, fueron las que solicitaron hace tiempo que la transferencia del inmueble se la realice al Estado Provincial y no específicamente al Ministerio de Educación. Desconozco las razones de ese pedido”, dijo Alejandro Chalom, hijo del benefactor.
Aclaró que de todos modos a su familia no le interesa pedir o gestionar la restitución del local ante la situación planteada, sino que se respete lo dispuesto por don Miguel. “Estamos a la par de los vecinos porque la decisión de mi extinto padre fue clara: en el local donado se tiene que construir una escuela”, insistió.
En medio del clima de tensión que se vive en el pueblo, ayer la comisionada comunal, Carmen Alejandro, denunció a través de su página de Facebook haber sido víctima frente a su vivienda de “insultos y otras provocaciones” durante la movilización que protagonizaron miles de vecinos el domingo a la noche. La marcha fue organizada en rechazo a la instalación de la alcaidía.
“Puedo comprender y respetar muchas opiniones, pero la violencia que viví creo que va más allá de un reclamo. Me insultaron y arrojaron bombas de estruendo frente a mi casa”, se quejó.
La funcionaria insistió en aclarar que el proyecto que generó la reacción de los pobladores no fue impulsado por ella. “No me pertenece y tengo que ser respetuosa de mis superiores hasta que me informen por escrito de qué se trata el mismo. No recibí ninguna notificación acerca de lo que se pretende hacer, a fin de definir mi postura”, explicó Alejandro.
Adelantó que una vez que se le informe sobre los pormenores del proyecto “los expondré para la consulta pública”. La comisionada comunal finalmente exhortó a los vecinos a “no fomentar el odio ni la mala educación”.
Los autoconvocados, a través del vecino Nicolás Arévalo, negaron su participación en los episodios denunciados por Alejandro. “No hemos fomentado ni fomentaremos nunca ningún hecho de violencia en cualquiera de sus formas contra personas o instituciones de nuestro pueblo”, se aclaró.
“Hemos planteado desde el primer día las discusiones sobre decisiones, prioridades y políticas, nunca sobre personas”, añadió el parte. “No hemos hecho esto personal y no entraremos en cuestionamientos hacia la gestión, aunque sobren argumentos”, expresa el comunicado.
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