Por Gustavo Rodríguez
22 Abril 2022
EN LA MIRA. Un juez de Familia prohibió que el abuelo, que denunció el caso, se acercara a la adolescente. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
La investigación de las supuestas irregularidades del caso Goretti dejó al descubierto el drama que vive la niña que, según la denuncia que realizó su abuelo, habría sido víctima de un abuso sexual por parte de dos celadores de la institución. En el expediente ahora se incorporaron dos elementos. Un juez de Familia ordenó una medida de restricción en contra del denunciante y las otras menores internadas en el hogar desmintieron la existencia de una red de prostitución.
Este caso generó la apertura de dos expedientes y un pedido de informes a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. A saber:
- Un hombre denunció que su nieta había sido abusada por dos celadores del Goretti. En esta causa, el demandante señaló que se le había colocado un chip anticonceptivo sin la autorización de ningún mayor. Se determinó que uno de los acusados no había ingresado a trabajar en esa institución y, el otro, cuando se habría producido el ataque, no se encontraba en servicio.
- El denunciante, con el asesoramiento de Gustavo Morales, se presentó en otra fiscalía para denunciar que en el hogar de menores existía una red de prostitución infantil. En el marco de esa investigación, también se presentó el presidente de la Fundación Crecer para respaldar esa denuncia.
- Paralelamente, el legislador Ricardo Ascárate solicitó, al considerar que la colocación del chip había sido ilegal, un informe al máximo tribunal de la provincia. El juez Víctor Raúl Carlos, que atiende la situación de la pequeña, señaló que él no había autorizado esa práctica y que tampoco estaba al tanto que se lo hubieran colocado. El parlamentario dispuso que se inicie una investigación. Las autoridades de Desarrollo Social consideran que no es necesario solicitar ningún permiso y que es una medida que está protocolizada hace varios años. Como ambas denuncias se habían iniciado por un mismo hecho, el Ministerio Público Fiscal decidió unificar las causas y la pesquisa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de delitos Contra la Integridad Sexual que subroga el fiscal Daniel Marranzino. Se inició una investigación que dejó al descubierto la vulnerabilidad de la niña.
Por ejemplo, se supo que la pequeña ingresó al establecimiento en 2017, luego de que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) solicitara su internación al descubrir que no tenía un adulto que la cuidara, ya que su madre tenía severos problemas de adicción -algunos allegados señalaron que vive en situación de calle- y no se conoce quién es su padre.
El fiscal indagó además sobre el entorno familiar. Así descubrieron que el abuelo había sido denunciado en varias oportunidades por violencia de género, lesiones y abuso sexual que habría sido cometido en contra de una de las hermanas de la víctima. Al enterarse de este detalle, pidieron informes al juzgado de Familia donde constataron que la menor no quería regresar al cuidado de su abuelo y que sólo pretendía no cortar el vínculo con sus hermanos. El magistrado hizo lugar a su deseo y dispuso una medida de acercamiento que nunca se cumplió.
La fiscalía también compartió la información con el juez Carlos, que se entrevistó con la pequeña. Después de esa reunión, el magistrado resolvió el sábado prohibirle al abuelo que se acercara o tuviera cualquier tipo de contacto con su nieta. También dispuso que la niña fuera alojada en otro hogar que se mantiene en reserva para preservar su intimidad.
Hasta el momento, por recomendación de los profesionales, la adolescente no pudo ser entrevistada a través de la Cámara Gesell. “Permanentemente estamos esperando que los profesionales que la asisten nos autoricen para hablar con ella. Esta será una prueba claven la causa”, explicaron.
Un acta
Mientras se desarrollaba la investigación, las compañeras del Hogar de la niña pidieron mantener una reunión con las autoridades. En ese encuentro, las adolescentes desmintieron que existiera una red de prostitución y solicitaron que los celadores denunciados sean reincorporados a su cargo.
Al mismo tiempo, según comentaron fuentes judiciales, expresaron su preocupación por el tratamiento que se le está dando al tema y que las perjudicó, ya que se sienten observadas cada vez que salen a la calle. Todos sus dichos fueron plasmados en un acta que presentaron las autoridades a la fiscalía para que sea incorporada al expediente. Marranzino, según confiaron fuentes judiciales, tiene previsto entrevistarse con las menores.
“Las chicas están muy preocupadas. Ellas tienen acceso a todo lo que se da a conocer y tienen miedo que por lo que se está diciendo, terminen siendo perjudicadas”, comentó Evelyn, hermana de una adolescente. “Están enojadas porque creen que las están usando mal. Ellas quieren estar tranquilas, no que estén en medio de todo esto”, añadió.
Marta, abuela de otra niña, aseguró: “si están aquí es porque están pasando una situación fea. Lo que menos necesitan es que se diga barbaridades de ellas. Las más grandes están muy afectadas por lo que está pasando”.
Los detalles del caso
Hasta el momento no se pudo confirmar que haya sido víctima de un abuso sexual por parte de dos celadores, tal como se denunció.
Adolescentes que están en el hogar desmintieron que exista una red de prostitución. La fiscalía las entrevistará en las próximas horas.
Se confirmó que ningún juez autorizó que se le colocara un chip anticonceptivo. Las funcionarias dicen que no es necesario un permiso.
La niña se encuentra institucionalizada y desde hace tiempo exige tener contactos con sus hermanos. Está bajo tratamiento psiquiátrico.
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