25 Agosto 2022
DAÑO. El recorte fiscal del Gobierno kirchnerista afectará el cumplimiento de derechos sociales clave, como la entrega de 840.000 netbooks a niños y a adolescentes. LA GACETA / ARCHIVO.
Si bien ningún recorte presupuestario resulta inocuo -en especial, para los sectores más desposeídos- en pocas ocasiones suele medirse su impacto concreto. No es el caso de esta última reducción que ejecutó el Gobierno nacional, a partir de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó en detalle de qué manera impactará el recorte fiscal de casi $ 100.000 millones que realizó la Nación; particularmente en programas clave en materia educativa y habitacional.
Primeramente, los técnicos de la ACIJ destacan que esta medida viola el principio de intangibilidad de los recursos que establece la Ley N° 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes), respecto de las políticas destinadas a garantizar los derechos sociales de los integrantes de esta franja etaria. "Esta decisión, así como las sistemáticas prácticas de subejecución y de disminución de partidas educativas, son ilegales", manifiestan las autoridades de la ACIJ en el documento.
En el informe “Recorte fiscal: el impacto de la reducción presupuestaria en los derechos sociales” se presenta una serie de gráficos y tablas, con sus respectivos análisis. Muestran los principales impactos de los recortes en los derechos sociales de niños y de adolescentes, y en los programas destinados a revertir el acceso deficitario a la vivienda.
"Este año, al menos 840.000 chicos no recibirán sus computadoras en el marco del programa 'Conectar Igualdad'.
Las sostenidas disminuciones y subejecuciones para la construcción de jardines de infantes causaron que en los últimos cinco años solamente se hicieran 927 aulas de las 7.343 proyectadas", destaca el informe.
Añade que a pesar del déficit habitacional que padece la Argentina -"que alcanza a unas 3,5 millones de viviendas"-, se recortó un 23% el presupuesto destinado a programas que apuntan a facilitar el acceso al hábitat. "Y respecto de su ejecución, la última información disponible (correspondiente al primer trimestre del año) indica que tan sólo se entregaron 430 lotes con servicios de los 9.205 previstos y (que) se realizaron 32 obras de infraestructura y equipamiento urbano de las 228 planificadas", puntualizan los técnicos de la ACIJ.
Las autoridades de la entidad insistieron con que la decisión de recortar partidas educativas vulnera la normativa específica que protege los derechos de niños y de adolescentes. "(El artículo 5° de la) Ley 26.061 obliga a asegurar una asignación privilegiada de los recursos y dispone la 'intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional”, precisan.
El informe cierra con un llamado al presidente, Alberto Fernández, a que revierta esta decisión. "Y asigne y ejecute de forma prioritaria los fondos previstos para garantizar estos derechos sociales", manifiestan las autoridades de la ACIJ.
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