01 Septiembre 2022
Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán.
“La administración del suelo es una función básica del régimen municipal. Pero en Tucumán está conculcada. La Provincia cobra el Impuesto Automotor, a pesar de que la Municipalidad de la Capital no suscribe el Pacto Social ni para sueldos ni para obras: afronta con sus recursos esas obligaciones. Y ahora la Justicia, con un pedido de informes, quiere suspender el Estacionamiento Medido, cuya recaudación se vuelca íntegramente en obras. Esto se empieza a parecer peligrosamente a una intervención de hecho de la Municipalidad”, denunció el intendente Germán Alfaro, en diálogo con LA GACETA.
Alfaro reivindicó el Estacionamiento Medido y su instrumentación. “Heredamos de la gestión anterior el pliego con las bases y condiciones. En 2015 se hizo un llamado a licitación antes de que yo asumiera, pero resultó desierto. Hicimos un segundo llamado con ese mismo pliego, sin objeciones. Hubo adjudicación, pero la concesionaria desistió de hacerse cargo. Tras dos licitaciones fallidas procedimos a la adjudicación directa, con un contrato ajustado al pliego”, explicó.
“En sólo un mes de vigencia del Estacionamiento Medido, ordenamos el tránsito, ahora hay estacionamiento disponible en todo el centro, la Municipalidad no invierte sus fondos, y a cambio obtiene recursos para el plan de repavimentación dentro y fuera del centro”, enumeró. “Los tucumanos lo convalidan: hay 75.000 descargas de la aplicación”, subrayó.
“El sistema se basa en que alguien ocupa un espacio público para estacionar y paga por ello. Esa plata vuelve de inmediato en mejoras en las calles. Es decir, brindamos una contraprestación concreta, aunque no estamos obligados a ello”, recalcó.
“Seguramente, algunos cortos de vista de la política creerán que están afectando mi gestión, pero las obras no son para mí y ni siquiera para los vecinos de la Capital: son para todos los tucumanos. En la ciudad viven 600.000 personas, pero a diario la transitan más de 1 millón, por los comprovincianos del interior que vienen por trabajo, salud o trámites. A ellos los afectan”, condenó.
“Primero nos discriminan con los Aportes Financieros No Reintegrables, que entregan por miles de millones a los municipios oficialistas. Ahora, con esta medida judicial. Se ve que al Gobierno no le gustan los municipios ordenados y autónomos”, cuestionó.
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