Por Gustavo Rodríguez
08 Septiembre 2022
EL SECUESTRO DEL ESCÁNDALO. La droga y el uniforme del efectivo detenido por trasladar cocaína.
Con los dos secuestros concretados ayer, ya son más de 63 los kilos de cocaína secuestrados que tenían como destino nuestra provincia en menos de una semana.
El viernes, gendarmes observaron que un Renault Kwid Life detuvo su marcha a unos 500 metros antes del control instalado sobre la ruta provincial 6, a la altura del kilómetro 39 de la localidad de La Punilla. Cuando los miembros de la fuerza se aproximaron, los ocupantes huyeron a toda velocidad. Se inició una persecución que terminó al pincharse una rueda del auto.
Una pareja, que viajaba hacia nuestra provincia, intentó esconderse en los montes de la zona, pero fueron atrapados. El hombre tenía un bolso con 10,600 kg de cocaína.
El sábado, también en Salta, el policía tucumano Braian Barraza y su cuñado fueron detenidos cuando transportaban más de 46 kilos de droga. Fuentes judiciales confirmaron que de esa cantidad, menos del 10% era cocaína, mientras que el resto era pasta base.
Al conocerse ese detalle, los investigadores no tienen dudas de que el cargamento era para distribuir en la provincia. La “pasta base es la pasta de cocaína previa al refinamiento o a veces el sobrante de este. Su valor es mucho menor y normalmente su comercialización está destinada a los sectores más carenciados.
Ayer, en un control del Operativo Lapacho, en el puesto de peaje de Molle Yaco, al norte de la provincia, personal de Gendarmería Nacional detuvo un colectivo de línea que tenía como destino la capital tucumana. En las bodegas del micro no encontraron nada, pero al hacer una requisa a dos pasajeros descubrieron que llevaban más de 2,6 kilos de cocaína. Ambos fueron detenidos por orden del juez subrogante Guillermo Díaz Martínez.
También ayer, en el mismo lugar, en el marco del Operativo Lapacho, se produjo una insólita situación. Un pasajero de otro micro que tenía como destino la capital tucumana, momentos antes de ser controlado por los uniformados, pidió permiso para ir al baño del lugar. Los gendarmes lo autorizaron, pero como su actitud le pareció sospechosa, decidieron controlar el recorrido que había realizado.
Con la ayuda de un can adiestrado, los efectivos descubrieron que el hombre había arrojado al costado de la ruta una bolsa de residuo de consorcio que en su interior tenía 5,7 kilos de cocaína. Fue detenido por orden de la Justicia Federal.
Repercusiones
“El Operativo Lapacho fue impuesto para frenar el ingreso de la droga a la provincia. Y los resultados son muy buenos”, explicó a LA GACETA el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Juan Carlos Driollet. “Al tratarse de una actividad ilegal no podemos determinar cuál es la razón específica porque hay momentos en los que se incrementa el decomiso de sustancias”, añadió.
El funcionario aclaró que pueden ser muchos los factores que generan el incremento del flujo de cocaína. “No se tienen en cuenta los tiempos de cosecha de hojas de coca ni la cantidad de droga producida. Sí podría influir el valor del dólar, que en estos últimos días tuvo una disminución en su valor, ya que en las transacciones se utiliza la moneda norteamericana”, indicó Driollet.
La detención del policía, que formaba parte del servicio 911 y estaba asignado a realizar tareas de prevención en Villa 9 de Julio, generó una investigación interna dentro de la fuerza para determinar si hay otros uniformados que le brindaron colaboración. “El caso está judicializado y esperamos informes a la Justicia Federal, que declaró el secreto de sumario”, insistió.
Mientras tanto, el legislador opositor José Ricardo Ascárate fracasó en su intento de que se interpele al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para que dé explicaciones sobre el caso del “narcopolicía”. “Es imposible creer que un hombre que entró hace un año a la fuerza se haya transformado en narco-delincuente que maneja cocaína; o en realidad fallaron los mecanismos de admisión de la Policía”, expresó el parlamentario.
Además, Ascárate aseguró: “ya había antecedentes dentro del grupo familiar. Falla el control de antecedentes personales y familiares de los aspirantes a ingreso a la Policía y no hay una auditoría de Asuntos Internos que funcione por fuera de la Institución policial. Propusimos una ley de auditoría general de la Policía, como un organismo externo a la fuerza y que reporte al ministro y que esté conformada por profesionales civiles especializados en seguimiento de causas penales cuando haya casos de corrupción, evasión de detenidos o policías presos por transportar drogas ilegales”, afirmó el legislador.
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