Por Marcelo Aguaysol
14 Septiembre 2022
No hay políticas para bajar las expectativas inflacionarias. Tampoco medidas que tiendan a reducir un índice que, mes a mes, bate récord y se ubica en los valores más altos en tres décadas. El presidente Alberto Fernández no le pudo encontrar la vuelta a un problema endémico en la Argentina, que se profundizó en parte de los 1.000 días que lleva de administración del país. Con el dato de agosto, la actual administración de Gobierno llegó a la marca de un 78,5% interanual. Mauricio Macri se fue del Gobierno con una marca de 53,8%.
El Gobierno nacional argumenta que la inflación argentina responde a una situación global económica que ha sido traumática. Pero lo fue para todos los países y más en la Argentina, que viene arrastrando desequilibrios macroeconómicos que potencian un indicador que golpea a todos los agentes económicos. A los sectores de menos recursos los traslada desde la pobreza hasta la indigencia. A los que están más arriba en la pirámide social los vuelve más cautelosos. A tal punto que el consumo masivo ha caído un 7% (la misma marca de la inflación mensual) durante agosto. No hay recuperación. Hay acumulación de problemas. En este sentido, la actualización -al menos parcial- de algunos precios regulados (como combustibles y tarifas de servicios públicos), registros estacionales más altos a los esperados a principio de año (como frutas y verduras e indumentaria), una mayor sensibilidad de los precios ante variaciones de los dólares paralelos y un creciente financiamiento monetario del déficit fiscal generaron un desanclaje de expectativas. A lo mencionado anteriormente se le suma el fuerte componente inercial de la inflación, que adquiere mes a mes mayor preponderancia, viéndose reflejado en la aceleración del IPC Núcleo (en agosto se ubicó 2,1 puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos 12 meses), según un diagnóstico de la consultora Ecolatina.
La vulnerabilidad económica argentina también es consecuencia de una puja interna en el oficialismo. La profundización del cepo cambiario -con foco en una mayor restricción a las importaciones- impuesta para paliar el drenaje de reservas y la incertidumbre financiera y consecuente alza en los dólares financieros ocasionada por los cambios en el gabinete económico (tres ministros en menos de un mes) presionaron sobre los precios y colaboraron a que el registro de julio sea el mayor en 20 años.
La reposición de mercadería es cada vez más lenta. Algunos fabricantes sostienen que las restricciones para importar tornan difícil aumentar los niveles de productividad. Ante la escasez de productos en medio de una demanda creciente, es claro que el resultado es un reajuste de precios. Lo observamos, por caso, en la indumentaria o en los repuestos para automóviles o motos. Frente a este escenario, la consecuencia es clara: una mayor periodicidad en la remarcación de precios, porque a cada instante el comerciante debe actualizar los valores que le llegan de sus proveedores.
El escenario inflacionario parece que no se modificará para lo que queda de 2022. Los consumidores o clientes de servicios públicos privatizados están aguardando la próxima factura para confirmar de cuánto será el reajuste por efecto de la segmentación tarifaria. Esa variable dominará las expectativas hasta fines de año. Las proyecciones de las consultoras parecen más cercanas: la Argentina se encamina a cerrar el año con una inflación de tres dígitos, sin perspectivas de un plan antiinflacionario que baje las tensiones en toda la cadena de consumo.
Lo más popular
