Las mujeres mapuches detenidas serán trasladadas a Bariloche

Cuatro de las siete mujeres mapuches que habían sido detenidas durante el operativo de desalojo en Villa Mascardi y trasladadas a la cárcel de Ezeiza, en Buenos Aires, regresarán a San Carlos de Bariloche. En medio de las repercusiones de este conflicto, dirigentes mapuches le pidieron por carta al presidente Alberto Fernández la renuncia de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad.

El grupo fue imputado por la Justicia federal en una causa caratulada como “incendio u otro estrago, atentado contra la autoridad y usurpación” en el asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. Se trata de Martina Luciana Jaramillo, Débora Daniela Vera, Ester Andrea Despo y Florencia Melo, que fueron -en un primer momento- trasladadas a Buenos Aires porque, según el argumento de la jueza subrogante Silvana Domínguez, no había disponibilidad en las celdas de esa fuerza de seguridad. Finalmente, serán trasladadas a dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la aerostación de Bariloche.

“Encontrándonos próximos a que cesen los motivos que a mi entender hicieron necesario sus traslados al Complejo Penitenciario Federal IV y que obedecía esencialmente a asegurarles a las detenidas un espacio acorde, entiendo que esta ciudad es el lugar en donde las mencionadas podrán estar en mejores condiciones, en razón de las personas que pudieran auxiliarlas mientras dure la detención impuesta”, explica la resolución de Domínguez.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) compartió en su cuenta de Twitter: “después de tres días, ahora resulta que el mejor lugar es ese, del que nunca deberían haber sido sacadas. Es urgente que las autoridades aseguren un traslado que esta vez sea respetuoso de los derechos humanos. Esto, teniendo en cuenta los tratos denigrantes que recibieron”.

La toma es de un predio de 40 hectáreas. Mientras que seis de las detenidas se negaron a declarar en su indagatoria, los hombres que componen la agrupación continúan prófugos.

Los mapuches reclamaron a la Justicia que no se realice requisas en el cuerpo de las detenidas, que no se las someta a largos trámites de registro y que sean atendidas correctamente, extremando los recaudos para asegurar la dignidad de las cuatro mujeres. En tanto, Betiana Ayelén Colhuan y María Celeste Ardaiz Guenumil -lactantes y madres de bebés de pocos meses- permanecen detenidas en la terminal aérea de Bariloche, mientras que en el hospital Ramón Carrillo está internada Romina Rosas con un embarazo de 40 semanas, indicó el diario Río Negro.

Exigencias

Por su parte, referentes del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) y de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, solicitaron la renuncia de Aníbal Fernández y compararon el operativo con la dictadura. Denunciaron el uso de armas letales, que había sido negado por el titular de la cartera de Seguridad, y anunciaron la presentación de una denuncia penal.

“Creemos que esta cacería impulsada por el ministro Aníbal Fernández es violatoria de todos los derechos humanos, culturales, territoriales, de las infancias y de las mujeres, que debieran ser respetados en un estado democrático y cuyo incumplimiento y violación nos pone en un marco de terrorismo de Estado”, afirmaron.

La carta enviada al presidente fue firmada por Nehuén Loncoman, presidente del Codeci, y Orlando Carriqueo, secretario ejecutivo Werken de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche. Exigieron el cese inmediato del operativo en marcha en Villa Mascardi, al que denominan una “cacería de mapuches”, y el retiro de las fuerzas del Comando Unificado de Seguridad. También solicitaron la libertad inmediata de las siete mujeres. “Son presas políticas del Estado argentino, se encuentran detenidas ilegalmente por un proceso judicial viciado de nulidades”, sostienen.

Como parte del reclamo, exigieron la inmediata puesta en marcha de una mesa de diálogo y discusión política con la participación de distintos funcionarios y actores de la sociedad civil.