Ningún Pablo Escobar vive en las villas de Tucumán

De cada 10 personas que durante años detuvieron las fuerzas policiales en Tucumán en causas relacionadas con el narcotráfico, ocho eran adictos. Esa tendencia comenzó a mediados de 2000 y hasta aquí no hay indicadores de que se haya revertido. Lo dicen en la Justicia Federal, donde hasta hoy al menos siguen teniendo incumbencia en casos relacionados con la venta de estupefacientes. La digitalización de los expedientes fue una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia. Gracias a eso, hay cada vez menos estantes abarrotados de enormes cajas con folios que cuentan historias de hombres y mujeres a los que se detuvo, se procesó y hasta se juzgó por haber tenido en su poder mínimas dosis de droga destinada al uso personal y que nada tenían que ver con la comercialización. Ocho de cada 10 de esos expedientes estaban condenados al archivo desde el principio, y a obligar al consumidor a someterse a un tratamiento que pocas o directamente nunca se cumplía. La criminalización del adicto era moneda corriente. ¿Era?

El Gobierno tucumano muestra un apuro sin límites por poner en práctica lo que se conoce como ley de Narcomenudeo. Asegura el gobernador Osvaldo Jaldo que con esta norma se podrá atacar a los traficantes con una mayor fuerza, ya que toda la Policía de la provincia estará en condiciones de recibir denuncias y de hacer operativos. Y afirma que de esta manera incluso bajarán los índices delictivos ya que la droga tiene plena incidencia entre los delincuentes. En esto último no le falta razón. Sin embargo, la duda todavía reside en las cantidades. ¿Cuánta droga será considerada “narcomenudeo” y obligará a intervenir a la Justicia local, y cuánta seguirá bajo la órbita de la Justicia Federal? ¿Están realmente preparados los policías para enfrentar este flagelo? El caso de Yerba Buena siembra dudas al respecto. Que la Policía haya allanado un domicilio (supuestamente en búsqueda del autor de un robo) en el que un joven tenía un centro de producción de cannabis que había montado con fines medicinales y que estaba autorizado legalmente habla como mínimo de desconocimiento. Pero además le secuestraron 32 plantines, 162 gramos de la sustancia, semillas, carpas para su cultivo, sistema de iluminación, de riego y fertilizantes, todo obtenido bajo el paraguas del Registro del Programa Cannabis (Reprocann). Es decir, todo legal. ¿Se repetirán en los próximos meses estos errores? ¿Cómo se controlará que no haya abusos?

Salta tiene una ley de microtráfico que está en vigencia desde hace nueve años. La realidad social de esa provincia es muy parecida a la nuestra. ¿Qué pasó allí, como para tener un espejo que nos pueda devolver la imagen de lo que podría suceder en Tucumán? Según datos brindados oficialmente, la cantidad de causas iniciadas creció en el último lustro, a un ritmo que casi se duplica de año a año. En 2021 fueron 4.395 en total. Pero mientras los casos por comercialización y entrega de estupefacientes se mantuvieron estables los últimos cinco años, la tenencia simple para uso personal de estupefacientes se triplicó, y hoy representa más del 60% de las causas por violación de la Ley de Estupefacientes. Y en una nota publicada en Página 12, el fiscal federal general Carlos Amad, advirtió que “con el narcomenudeo se llega a los vendedores del medio, pero no a los grandes. ¿Por qué? Porque es inconexa la investigación de la provincia con la investigación federal”. Rocío Alconada Alfonsín, nieta del ex presidente y miembro del Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol) no dudó: “el que termina preso por el narcomenudeo es el consumidor. Y lo dicen las estadísticas, no es una opinión. ¡Consumidores están presos! ¡Y están presos por tenencia!”. Algo similar sostuvo Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe. “Meter presos a consumidores es lo más fácil, pero la ley de desfederalización no logró, bajo ningún punto de vista, ni reducir el consumo ni encarcelar a los traficantes. Es decir que han aumentado el negocio, las ganancias y el consumo, y los responsables de los eslabones más altos no están encarcelados. Entonces, que me expliquen cuál ha sido la ventaja de las leyes de desfederalización”, dijo el juez en una entrevista con LA GACETA. No sabemos si eso sucederá en Tucumán, pero el antecedente está expuesto. Jaldo, por su parte, respondió a la advertencia: “La ley contra el narcomenudeo prevé encarcelar y condenar a los vendedores de droga. No castiga a los consumidores víctimas de ese comercio, sino que, al contrario, la ley establece que deben ser rehabilitados y reinsertados”, explicó. Y contraatacó: “Si en Rosario la cabeza del Poder Judicial no quiere condenar a los delincuentes, ¿qué le queda al ciudadano? ¿La Ley del Talión? No vamos a permitir que Tucumán se convierta en Rosario. En Rosario la ley fracasó por que las instituciones fallaron. La Policía de Rosario falló”.

En Tucumán, el gobierno asegura que tiene muy en cuenta la situación de los adictos. Y que incluso la ministra Carolina Vargas Aignasse tendrá bajo su responsabilidad una cuestión tan delicada. Son, dijeron, 50 instituciones que colaborarán con esta tarea. “Esta no es una ley para perseguir a los adictos. No habrá acciones judiciales, pero sí un equipo preparado para ayudar y acompañar, es por esto que intervienen otros ministerios, también iglesias y ONGs que están coordinadas para trabajar con ellos”, advirtió Agüero Gamboa. Pero hoy la situación de la provincia en materia de salud mental y tratamiento de adicciones es compleja. Hay más centros de contención y recuperación privados que públicos, en los que se involucran sobre todo ONG y congregaciones religiosas. En la provincia hay seis Centros de Atención Primaria en Adicciones (Cepla), pero no dan abasto. En el Hospital Obarrio hay sólo ocho camas para desintoxicaciones, y los fines de semana el colapso es total. Emilio Mustafá es psicólogo especialista en adicciones, y trabaja para la Secretaría de Prevención, y él también tiene dudas. “Esperemos que esta ley no sea sólo punitiva. En Tucumán no se aplica la ley de Salud Mental, no hay comunidades terapéuticas para mujeres y nadie trata la reinserción social del adicto”, afirmó. E hizo un diagnóstico más grave: “hay un proceso de legitimación social de la venta de droga. El transa en muchos barrios ya es un vecino más que incluso ayuda a ‘parar la olla’ ya que hasta prestan plata. Hay que combatir a los que venden, y ayudar a los que consumen”. Y terminó de resumir su idea: “aquí (en los barrios) no se van a encontrar con Pablo Escobar, pero sí con chicos enfermos, desnutridos, consumidos y sin futuro”. Los grandes narcos nunca vivieron en villas.