10 Enero 2023
PROVOCACIÓN. Un bolsonarista despliega una bandera de Brasil desde un ómnibus de la Academia de la Policía federal tomado por manifestantes. fotos REUTERS
Al menos 400 personas fueron detenidas el domingo en Brasilia por haber invadido y destruido el Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal. El intento de ataque golpista a cargo de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro sigue desatando nuevas consecuencias. Mientras se realizan las investigaciones pertinentes, el Gobierno se esfuerza en encontrar culpables.
Con la intención de despojar de su cargo a Luiz Inácio “Lula” da Silva, actual mandatario de Brasil, la intervención militar movilizó a todo el país vecino durante cuatro horas. Como resultado del ataque, el juez Alexandre de Moraes, integrante del máximo tribunal de Justicia de Brasil, ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios del ex presidente en todo el país.
En tanto, el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, fue apartado de su cargo por 90 días. El funcionario, además, determinó la expulsión del secretario de Seguridad, Anderson Torres, a quien atribuye la responsabilidad por el ataque.
El argumento fue que la escalada violenta contra la sede de los tres poderes, según las autoridades, sólo podía ocurrir con la anuencia y hasta la participación efectiva de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
Según portales brasileños, los policías fueron filmados inactivos ante el avance de los bolsonaristas para ocupar los edificios públicos. Recién cuando ya habían vandalizado el interior de los edificios, la tropa de choque comenzó a reprimir con gases a los manifestantes.
Intervención federal
En tanto, Lula decretó la intervención federal en la seguridad de Brasilia, acusando a los responsables de la policía local por haber liberado la zona y haber permitido un ataque que, en definitiva, rememora el que sufrió el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021 por seguidores de Donald Trump.
El decreto determina que la seguridad pública en el Distrito Federal es responsabilidad del gobierno federal y nombra interventor al secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Cappelli, según el acta firmada por el mandatario.
La Constitución Federal brasileña establece que, incluso tratándose de un acto firmado por el presidente de la República, corresponde al Congreso nacional aprobar el estado de intervención federal.
Es por eso que tanto el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, como el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, regresarán a Brasilia para discutir la reacción del organismo contra los actos de vandalismo cometidos.
Investigación en curso
En definitiva, todos los dedos apuntan a Jair Bolsonaro. Tanto es así que un grupo de legisladores brasileños comenzó a recabar apoyos para crear una comisión parlamentaria que investigue la eventual responsabilidad e implicancia del ex presidente en el ataque golpista.
Impulsado por la senadora de Unión Brasil, Soraya Thronicke, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) funcionará al estilo del comité en Estados Unidos que el año pasado se encargó de investigar el grado de responsabilidad del expresidente Trump en el asalto al Capitolio.
La propuesta de Thronicke, rival del expresidente y de Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones, ya fue respaldada por otros senadores como Humberto Costa, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT); Randolfe Rodrigues, de Red, y Eliziane Gama, de Ciudadanía, informa el diario O Globo.
Situación actual
Los edificios que albergan al Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial fueron retomados por la policía.
Entre los detenidos se encuentran 30 personas que fueron capturadas por la Policía Legislativa cometiendo desmanes dentro del Congreso. En tanto, la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, al comentar los destrozos en el edificio de la máxima corte, aseguró que los jueces no se intimidarán y actuarán para sancionar a los agresores.
Bolsonaro fue internado
En medio de las tensiones por el ataque golpista en Brasil, el ex presidente Jair Bolsonaro debió ser ingresado en un hospital de Orlando, Florida, por un fuerte dolor abdominal.
No es la primera vez que el político brasileño es hospitalizado por quejas de esta índole. En 2018, a partir una cirugía a la que se sometió tras una herida de arma blanca, ha tenido distintas internaciones; la más reciente fue en noviembre del año pasado.
En esta ocasión, Bolsonaro fue tratado en el hospital AdventHealth Celebration, según reportó el diario O Globo.
Custodios en petroleras
La Policía de Brasil impidió que militantes bolsonaristas bloquearan el acceso a las refinerías en al menos cinco estados del país; Río Grande do Sul, Mina Gérais, Paraná, San Pablo y Río de Janeiro.
Simpatizantes de Jair Bolsonaro acampan fuera de las plantas, pero la Federación Única de Trabajadores del Petróleo (FUP) aseguró que el suministro de combustible no corre peligro. Petrobras precisó que las reniferías operaban normalmente y que “se está tomando todas las medidas de protección preventiva necesarias, según el procedimiento estándar”, informó el medio brasileño Folha de Sao Paulo.
Tal es el caso de la refinería de Canoas, que comenzó a ser controlada luego de que el gobernador Eduardo Leite activara la Brigada Militar para monitorear actos que alteren el orden constitucional en el Estado.
La reacción de la ultraderecha europea
Líderes de la ultraderecha europea salieron, con diversos estilos y matices, a tomar distancia del ataque golpista perpetrado este domingo. Sin embargo, en otros casos los dirigentes pusieron más énfasis en criticar a sus adversarios políticos que en rechazar la invasión.
El eurodiputado Hermann Tertsch mencionó que la “ira del pueblo” brasileño “resurgirá” contra las amenazas de “represión” del presidente Lula da Silva.
Por su parte, el portugués André Ventura, líder del partido Chega!, manifestó su “comprensión” por el “dolor” de quienes “de repente” se ven gobernados “por un bandido expresidario”, en alusión a cómo Balsonaro se refería a Lula, pero matizó que aún así, “la democracia tiene sus propias reglas y es en la arena democrática donde se debe pelear, ¡no con violencia!”, proclamó.
En Latinoamérica, el excandidato presidencial chileno José Antonio Kast, del ultraconservador Partido Republicano, rechazó también el ataque de los bolsonaristas, pero aprovechó la instancia para criticar al presidente de su país, Gabriel Boric, al comparar lo ocurrido con el “estallido social” en Chile de octubre de 2019.
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