23 Abril 2023
Pasa casi inadvertido desde hace muchos años en Tucumán que ha dejado de regir en la ley constitucional de nuestra tierra la elemental regla de democracia electoral que obliga en el mundo entero a los funcionarios públicos candidatos a tomar licencia anticipada y abstenerse de seguir ejerciendo su función de disponer de recursos públicos con bastante tiempo razonable anterior a los comicios en que aspiran competir en elecciones auténticas con los restantes candidatos en pie de igualdad.
Sería necesario que clame e interpele de una vez por todas a nuestra conciencia de tucumanos la indignidad del marasmo y paralización ética en que esta obligación tan elemental ha quedado sumida respecto a las próximas elecciones del 14 de mayo de 2023. Parece querer arrumbarse en el olvido que el ex gobernador José Alperovich prestó expresa conformidad con que adquiriera autoridad de cosa juzgada la sentencia n° 75/2011 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró la anulación absoluta por inconstitucionalidad del Art. 43 inc. 16 de la reforma constitucional de 2006.
Dicha anulación por sentencia n° 75 produjo como efecto inherente la restitución en plenitud a la Legislatura de Tucumán de su competencia propia para cubrir de inmediato “la ausencia de reglas locales en cuanto a las licencias de funcionarios candidatos en las próximas elecciones” (textual). El gobernador Alperovich consintió la sentencia n° 75 por decreto 1882/1 del 10/06/2011 porque estaba urgido de llegar a la elección del 28/08/2011 en la que se erigió en el único gobernador reelegido tres veces consecutivas en la historia de Tucumán.
No estuvo urgido sin embargo por cumplir la sentencia. Tampoco la Legislatura de Tucumán hizo nada por legislar como era debido. Pasaron no una, sino tres elecciones provinciales en 2011, 2015 y 2019 sin que nadie hiciera nada y está en ciernes la elección de 14 de mayo de 2023 en la más completa e interesada falta de reglas claras que obliguen a los funcionarios candidatos a tomar licencias obligatorias.
Es importantísimo para nuestra democracia que los fondos públicos sean manejados con transparencia. Siguen pesando en nuestra memoria colectiva los 615 millones de pesos (hoy casi $ 12.320.000.000, con eludida rendición judicial de cuentas) que salieron en valijas de la legislatura durante el año 2015.
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