01 Junio 2023
SALTA. El senado provincial aprobó esta tarde el Proyecto de Ley Antipiquetes aprobado por la Cámara de Diputados el martes pasado.
El representante de Güemes, Ketty Rosso, criticó a los docentes que protestan, antes de la sesión. "Les pedí a los docentes que si no se sienten representados con los gremialistas a los cuáles lo representan, tenían dos opciones. Presentarse con una nueva lista en las elecciones o desafiliarse y armar nuevos gremio. La constitución expresa que nos representan quienes dialogan con nosotros, en este caso a los docentes sus gremios", comentó durante esta tarde en el Palacio Legislativo.
"Lo que molestó es que si bien hay un derecho que es a la huelga, hay otro que es el de no permitir que se transite libremente", finalizó.
“Todos son derechos trascendentes que buscamos armonizar y conciliar para que puedan ser ejercidos por los ciudadanos”, aseguró el miembro informante, el senador Javier Mónico – Rosario de la Frontera, ‘Frente de Todos’ – al momento de explicar de qué se trata la norma.
Insistió, asimismo, de que se trata de un proyecto para “armonizar derechos constitucionales de los ciudadanos de nuestra provincia”.
“Esta ley entiende por protesta o manifestación a toda reunión de personas que reclama ante autoridades públicas o entes privados. La autoridad de aplicación resguardará el desarrollo pacífico de la manifestación”, aseguró el legislador.
Indicó Mónico que la norma también busca garantizar la prestación de servicios elementales para el desarrollo de la vida y de la rutina diaria de los salteños, ya que – según el articulado – toda protesta o manifestación deberá ser informada con 24 horas de antelación en la comisaría más cercana para que dicha autoridad tenga conocimiento de que se va a llevar adelante un reclamo.
“Pero de ninguna manera la autoridad de aplicación, una vez que tenga conocimiento, va a tener por finalidad restringir el derecho trascendente de manifestarse. Lo que se busca es conciliar con los derechos de otros ciudadanos que, a lo mejor, no tienen interés o no están de acuerdo con la manifestación”, señaló Mónico.
Además, continuó el legislador, quienes vayan a manifestarse deben poner en conocimiento de las autoridades el lugar de concentración, el horario de inicio y el tiempo estimado del desarrollo, así como el objetivo de la manifestación.
“También se deberá marcar quiénes son los organizadores y el objetivo que persiguen”, añadió.
En tanto, sobre las manifestaciones que no sean notificadas, Mónico informó que no se permitirán y, automáticamente, se establecerá una conciliación obligatoria – que no puede llevar más de dos horas de duración – con la participación de un mediador imparcial.
“Destaco que la mediación es el método elegido para tratar de resolver una manifestación que no haya cumplido con el protocolo; no me voy a cansar de decirlo, un protocolo que pretende armonizar distintos derechos constitucionales”, apuntó.
Consideró el senador que la norma respeta la institucionalidad y la división de poderes del Estado, porque luego se le da intervención al poder judicial y al Ministerio Público, “una vez superada la armonización de derechos, que se sigan los caminos correctos para reestablecer la paz social”, dijo.
Voces en contra de la iniciativa
La mayoría de las expresiones vertidas por los legisladores giraron en que no era el momento para dar tratamiento a causa del conflicto social que vive la provincia, y que se expresó en una multitudinaria marcha el lunes pasado. A pesar de ello, la mayoría no manifestó disconfirmidad con la propuesta, aunque sí hubo varias advertencias sobre la necesidad de que el gobierno dialogue con la docencia autoconvocada.
"Es un desatino total tener que tratar esto a las apuradas cuando ni siquiera tuvimos tiempo de leerlo", sostuvo la diputada Sofía Sierra (bloque PRO). Según dijo, tuvo el proyecto sólo 30 minutos antes de que se inicie la sesión. También expresó que le parecía "una falta de respeto total a la ciudadanía", recordó que esta semana se manifestó una queja social por el monto de los salarios de legisladores capitalinos, provinciales y nacionales. "Aquí estamos actuando con una irresponsabilidad total", insistió.
En tanto, Jorgelina "Koky" Juárez (bloque Todos) recordó que junto a sus pares de bloque se opusieron a que la iniciativa se tratara sobre tablas, ya que lo consideraron "inoportuno" en el actual contexto. La legisladora afirmó que no fue casual el tratamiento después de la represión y la detención de 18 docentes la docencia la semana pasada, y advirtió que se intenta trasladar "el costo político" a la Legislatura salteña. En ese sentido, pidió al ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, que "se siente con los docentes, haga política y responda con política".
En la misma línea habló el legislador procesado Gustavo Orozco (bloque Cambia Salta), quien coincidió que el tratamiento de este proyecto en Diputados, significaba "trasladar una decisión que sólo nos va a traer el costo político, cuando la decisión tiene que darse con el diálogo político". También aseguró que el tema resultaba inoportuno porque se podía interpretar que "estamos tratando de disciplinar a los docentes". "Esta Cámara debería trabajar en buscar un diálogo entre los docentes y el gobierno. La política debe ser la herramienta de diálogo", indicó. Igual que Adrián Valenzuela, se excusó de apoyar la iniciativa también por lealtad con su madre, que es docente.
Quien presentó una postura más disidente fue el diputado Roque Cornejo (Ahora Patria), que también votó en contra del tratamiento sobre tablas y advirtió que la iniciativa es inconstitucional. El legislador dijo que analizaron el proyecto "con la premura que se nos impuso", y aseguró que va en contra de lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando como ejemplo el artículo que dice que se tendría que pedir una autorización previamente a cualquier protesta o manifestación.
"No son compatibles con el derecho a la libertad de expresión", citó, agregando que "el aviso justificado no puede funcionar como mecanismo de autorización encubierto". "Estamos hablando de derechos y garantías constitucionales más allá de que cualquier Estado se lo reconozca o no", afirmó. Esta postura le significó un cuestionamiento de Villamayor, quien lo acusó de estar a favor de los cortes de ruta, y dijo que le extraña, siendo un "olmedista".
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