Salta ya hizo la ley

La provincia de Salta atraviesa días turbulentos. Hace un mes, más de 6.000 docentes autoconvocados se encuentran de paro, en búsqueda de mejores condiciones salariales y laborales. La tensión del reclamo fue creciendo con el correr de los días ante la falta de diálogo y soluciones por parte del gobierno provincial con este grupo disidente de las conducciones gremiales.

El último sábado, el gobierno de Salta anunció el arribo de un nuevo acuerdo paritario con los gremios sectoriales hasta el mes de julio. Al 35,5% de aumento acordado hasta mayo se le suma un 34% a pagarse de manera escalonada, el 12% con los salarios de mayo, y el 11% a pagarse con los sueldos junio y julio respectivamente. Además, incluyeron un bono de $60.000 a pagarse en dos cuotas, durante julio y agosto. Pese a esto, los autoconvocados calificaron de “insuficiente” al arreglo y mantuvieron su protesta en las calles y rutas de la provincia.

En este contexto y de manera expeditiva, la Cámara de Diputados trató sobre tablas un proyecto que tiene como principal objetivo “conciliar” el ejercicio de derechos. Y establece que de esta manera se busca una convivencia pacífica entre “los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza”. El jueves, el Senado provincial convirtió en ley este proyecto que contempla también un cambio en el Código de Contravenciones para duplicar las multas sobre quienes interfieran la normal circulación por calles, avenidas y puentes de la provincia.

Al momento de defender la iniciativa en el recinto legislativo, la diputada provincial, Socorro Villamayor, aseguró que esto no va en detrimento del derecho a huelga porque establece un mecanismo de mediación para que el Gobierno escuche el reclamo y busque soluciones a los planteos. “Esto no tiene nada que ver con una cuestión restrictiva porque solo reglamenta una cuestión para que los derechos de terceros no se vean vulnerados”, afirmó.

Al límite

En relación a esta iniciativa que también exige a los manifestantes notificar con antelación a la Policía el lugar de convocatoria y objetivo de la movilización, el abogado y diputado provincial mandato cumplido, Guillermo Martinelli, aseguró que el proyecto avanza directamente contra derechos garantizados en la Carta Magna de la provincia. “La ley considera a la protesta como un acto de guerra porque dice que busca ‘pacificar’ la protesta social y va en contra de los artículos 23 y 25 de la Constitución que establecen los derechos de expresión, de reunión y de peticionar”, puntualizó. El letrado sostuvo también que el proyecto define a la manifestación y establece que la misma puede ser admitida siempre y cuando no impida el normal funcionamiento de servicios públicos como salud, transporte y educación. “Es decir, le está negado a dos entidades fundamentales, como docentes y médicos, el derecho a la protesta y a manifestarse”, dijo y remarcó que en lugar de contener 12 artículos en su redacción, el proyecto podría resumirse en un único artículo que diga “en Salta se prohíben las protestas”.