En los últimos días tomó estado público un conflicto de varios meses con respecto a deudas por falta de pago por la gestión de la basura en el área del Gran Tucumán. El Consorcio tiene un rojo de $769 millones y eso pone en jaque la clasificación y la disposición final de los residuos, al punto que, en las últimas semanas, los desechos comenzaron a acumularse en la planta de San Felipe.

Según se ha sabido, en la última semana de noviembre, los intendentes que forman parte del consorcio fueron notificados por el ahora ex presidente del comité, sobre las deudas que mantienen por las prestaciones que se realizan.

Esto incluye la recepción de la basura de cada ciudad, un proceso de separación y de clasificación previos que se efectúa en San Felipe y la disposición final que se hace en el predio de Overo Pozo, al noreste tucumano.

Los atrasos son de las municipalidades de Yerba Buena, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Alderetes, Las Talitas, Lules y Bella Vista, así como la Secretaría de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos de la Provincia y nueve comunas: Cebil Redondo, El Manantial, San Pablo, San Javier, Ranchillos, Delfín Gallo, Colombres, Los Ralos y San Felipe. La única administración que no aparece con atrasos es la Municpalidad de San Miguel de Tucumán.

Los administradores del Consorcio advirtieron sobre el riesgo de colapso de funcionamiento del consorcio. “Su falta de pago torna de imposible cumplimiento nuestra labor”, plantearon, y añadieron que estos servicios “tienen el carácter de continuos, ininterrumpibles y ambientalmente sensibles por lo que existe una urgencia impostergable en garantizar el oportuno cumplimiento de las obligaciones financieras por ante las empresas contratadas y evitar cualquier contexto de restricción, interrupción o suspensión de las prestaciones”.

Ayer se supo que el Gobierno provincial y los municipios que integran el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) saldaron parte de la deuda que mantienen con el ente y con la empresa que tiene a su cargo los trabajos en las plantas de San Felipe y de Overo Pozo, y hay un compromiso para resolver lo que queda de deuda. En paralelo, la intendencia capitalina inicia una investigación para analizar presuntas irregularidades en la administración del Consorcio.

Aventado el riesgo de suspensión del servicio con las consecuencias sanitarias graves que podía tener, convendría analizar las razones por las que se llegó a esta situación -lo cual quiere decir identificar a los causantes de esta crisis- y hacer previsiones para que no vuelva a suceder. Las instituciones deben funcionar fluidamente, de modo independiente de intereses y presiones políticas, sobre todo cuando se trata de servicios esenciales, cuya afectación o suspensión podría causar severos perjuicios a la comunidad.