Los femicidios se cuadruplicaron en lo que va del año en Tucumán: 12 asesinatos de mujeres producto de violencia machista. Casi la mitad de las víctimas tenían medidas de protección a su favor. El informe sobre los datos de la Justicia concluye que, pese a las medidas de prosecución penal y las llevadas a cabo para protección de la violencia, esta pareciera no tener freno.

En promedio, la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y de Género recibe 1.500 denuncias por mes. Más del 50% de esas denuncias (unas 800) se cierran con el dictado de medidas de protección (prohibición de acercamiento o exclusión del hogar). Las otras 700 pasan a ser investigadas y en el 90% de las causas, además de las prohibiciones de acercamiento, se dictan prisiones preventivas que van de los 10 a los 90 días. Por mes, se firman 80 condenas. Los casos de violencia de género son los que más audiencias ocupan en la agenda judicial. Igualaron a las de robos, que es el ilícito que más se comete en la provincia.

Los datos dan cuenta de una situación que volvió a generar inquietud, como en 2021, cuando se advertía que durante la pandemia nuestra provincia, comparada con el resto del país, había tenido un alto registro de cifras de violencia. Ese año se prorrogaba la ley de emergencia (vigente desde 2016) con el objetivo, según sus autoras, de “desarrollar y fortalecer las políticas públicas que tuvieran como finalidad la prevención y tratamiento de la violencia de género”. Ahora, con el recrudecimiento de los episodios y los ataques mortales, se supone que la semana que viene, en la última sesión de la Legislatura, se va a prorrogar nuevamente esta norma.

A nivel de oficinas gubernamentales hay una cierta incertidumbre. En nuestro medio la referente de Mamará fue incorporada para la Secretaría de la Mujer, lo cual se ha interpretado como una señal de que habrá acciones más intensas y efectivas, mientras que en el Gobierno federal se ha sacado del esquema el Ministerio de la Mujer, que ha quedado subsumido en otra área.

“Existe una errónea concepción de pensar que creando nuevas figuras penales o endureciendo la política criminal se puede prevenir la violencia de género. Si bien es importante, no se puede dejar de tener presente que se interviene cuando el delito ya se cometió. No hay prevención, sino una sanción a una determinada conducta”, dijo una abogada. “Hay que tener un Estado presente que aplique políticas públicas eficaces en la materia, planes de acción y programas educativos de sensibilización y de atención hacia las formas de violencia por razones de género, aplicándose en todos los niveles educativos, desde temprana edad”, añadió.

Ante el aumento de la violencia, urge enfocarse en estrategias abarcadoras. “Corresponde concientizar más a la sociedad desde una perspectiva interdisciplinaria”, explicó otra letrada. “Se debería crear una red de apoyo para víctimas de violencia de género. Se trata más de una tarea de prevención y prevención que de punitivismo en sí. Las políticas de Estado tienen que apuntar a eso, a prevenir y promover el cuidado de las víctimas”.