Tanto ciudadanos como autoridades de Yerba Buena ponen el acento en la necesidad de controlar la circulación en las calles de la “Ciudad jardín”, en especial en la avenida Perón, donde el fin de semana pasada hubo una tragedia. Los ciudadanos hablan de la falta de controles frente a la tremenda velocidad con que circulan muchos vehículos, a la falta de respeto a las normas y a la excesiva concentración de diferentes actividades. Los otros, los funcionarios,  explican que ha sido el primer municipio en incorporar los controles de alcoholemia desde al año 2016, que se han colocado 800 metros lineales de reductores de velocidad y que se han incorporado complejos de semáforos. Pero no alcanza. Una urbanista dice que el uso que se le da a la Perón no es el que tenía asignado cuando se la construyó y que por sus características actuales requiere readecuaciones. El secretario de Gobierno municipal anuncia cambios y anticipa que a partir de 2024 volverá el cepo a las calles pedemontanas.

La cuestión de los controles se vincula, por un lado, con la falta de apego a las normas que caracteriza al conductor argentino en general. Casi hijo del rigor, escapa a hacer caso de la ley y encaja en la descripción del especialista en antropología vial Pablo Wright: “existe cierta desconfianza frente al Estado y su capacidad para normativizar, de modo que preferimos actuar por nuestra cuenta”. Eso es una contra, especialmente en una avenida como la Perón que, al decir de la urbanista Claudia Gómez López, ha sido “concebida como avenida de tránsito rápido, que da prioridad a los vehículos”. Así se entiende el descreimiento de un vecino: “no importa si ponen semáforos, retardadores de velocidad o severas multas. La gente hace oídos sordos a la normativa. Existe una desidia por parte de la ciudadanía”.

Por otro lado, no parece haberse hallado una estrategia de control que obligue al cambio inmediato en el comportamiento. Por ello apenas ha ocurrido una tragedia es posible apreciar, luego de la desazón causada en el momento, que las cosas vuelven a funcionar de la misma y peligrosa manera. Las autoridades pusieron y sacaron lomos de burro, instalaron semáforos, hicieron controles con radares móviles, encargaron estudios estadísticos sobre el ciclo del tránsito e hicieron medidas que enumeró el secretario de Gobierno: mejoramiento, incorporación de infraestructura y educación vial. Eso incluye, dijo, controles de alcoholemia, colocación de más de 700 nomencladores y 500 carteles señalizadores y regulación de giros a la izquierda en las avenidas centrales, así como regulación del sentido de las calles. Ahora se espera instalar cuatro nuevos complejos semaforizados, de los cuales tres estarán destinados a la Perón, que tendrán un sistema de cámaras, fotomultas y controles de velocidad sincronizados en 60 km/h. También se incorporarán dársenas de giro en la avenida, a la altura de calles Las Rosas y de Salta y se potenciará el uso de la Perón como zona deportiva, por medio de más señalización y de reductores de velocidad en diferentes puntos estratégicos. Eso ya se había hecho hace tiempo, al priorizar los fines de semana la zona de la rotonda de Perón y Marigliano como área para ciclismo.

Asimismo, habrá más controles de tránsito y de alcoholemia, afirmó. ¿Será suficiente? Hay expertos que afirman que se debe incorporar la educación vial en todos los niveles de la enseñanza. “Lo más importante es que los conductores sepan respetar las normas viales. Desde la velocidad medida, respetar el peatón, respetar la señalética y por sobre todo tener conciencia de que el 80% de los accidentes viales corresponden a la imprudencia de los conductores”, evaluó el funcionario de Yerba Buena. Precisamente el problema está en que no se sabe cómo controlar ese requerido respeto por las normas. Pablo Wright dice que hace falta una política de Estado que genere una ciudadanía vial más responsable y solidaria. Y eso se debe estudiar a fondo para que haya posibilidad de medir el efecto de las nuevas medidas y se pueda cambiar si fuera necesario.