El mega decreto firmado por el presidente, Javier Milei, ingresó al Senado. El oficialismo busca cerrar la integración de la Bicameral y dejar en minoría a Unión por la Patria. En un plazo de 10 días hábiles se debe emitir un dictamen y pasarlo a los recintos de ambas cámaras
En el límite del plazo establecido por ley, el jefe de Estado envió al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía y que ya está en vigencia, a pesar de la controversia que generó en diversos sectores y de contar con medidas judiciales en su contra.
En este escenario y dado que con números propios no alcanza, la Libertad Avanza deberá mostrar musculatura política y asegurarse el apoyo de sus “aliados” en el Congreso. Desde ayer, la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que aún está pendiente de conformación, cuenta con un plazo de 10 días para elaborar un dictamen y enviar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a la consideración de la Cámara de Diputados o el Senado.
Solo se requiere que una de las Cámaras supere la prueba y evite el rechazo para que el DNU permanezca en vigencia. En tanto, para que el decreto pierda validez de forma permanente es necesario que sea rechazado tanto por Diputados como por el Senado.
El oficialismo de La Libertad Avanza en el Congreso enfrenta otro desafío de envergadura: la llamada ley ómnibus, que propone una cascada de cientos de modificaciones cruciales en la agenda de reformas impulsada por Milei. Las sesiones extraordinarias se cierran el 31 de este mes, y aunque el Gobierno sostiene que no tiene planes de extenderlas, no lo descarta completamente.
Se incrementan las especulaciones sobre la posibilidad de que el oficialismo busque demorar la deliberación, mientras que la oposición ya empieza a ejercer más presión para su tratamiento. La verdad es que, mientras el Parlamento no lo rechace, el decreto sigue en vigencia.
Negociaciones
La rosca en el Congreso es incesante desde que el presidente dio a conocer el DNU. Los bloques no kirchneristas, a sabiendas de que Unión por la Patria intentará torpedear el decreto, busca evitar que el principal bloque opositor se alce con la mayoría en la Comisión Bicameral.
En la Cámara Alta, hubo acuerdo y Victoria Villarruel dio a conocer los nombres de los miembros del Senado que integran la Comisión: Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal - JxC), Carlos Espínola (Unidad Federal), Teresa González (UP), Anabel Fernández Sagasti (UP) y Mariano Recalde (UP). Esta composición generó tensiones en el peronismo, que solicitaba cuatro lugares como bloque mayoritario pero solo obtuvo tres, dejando fuera a Silvia Sapag.
En diputado, la atención se centra en Martín Menem, quien no dio a conocer aún la lista de los ocho legisladores que representarán a la cámara. Las conversaciones entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza persisten para determinar la cantidad de espacios asignados para el kirchnerismo.
Hasta ahora, los nombres que resuenan para abordar el DNU son los de los diputados Oscar Zago (LLA), Hernán Lombardi (PRO), Francisco Monti (UCR), Máximo Kirchner (UP) y Ramiro Gutiérrez (UP).
Lo que si trascendió es que La presidencia de la comisión estaría a cargo de Juan Carlos Pagotto, senador oficialista de La Rioja y abogado de profesión, conocido por haber defendido al ex comisario Domingo Benito Vera, condenado a perpetua por su responsabilidad en el asesinato de dos sacerdotes durante la última dictadura.
Desde el punto de vista administrativo, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo aún no está constituida en este año. Para lograrlo, al menos la mitad más uno de los 16 miembros deben reunirse para alcanzar el quórum necesario y, posteriormente, proceder a la elección de sus autoridades, incluyendo al presidente, vicepresidente y secretarios del cuerpo.
Las reuniones de la comisión suelen llevarse a cabo en uno de los salones del Senado, posiblemente el Azul, que colinda con la Cámara de Diputados a través del simbólico salón de los Pasos Perdidos. Una vez completadas estas formalidades, los legisladores cuentan con tiempo hasta el 19 de enero para emitir un dictamen.
En la Justicia
El proyecto enviado por el Ejecutivo al Senado enfrenta numerosos cuestionamientos por parte del Poder Judicial, siendo el primer freno otorgado por la Cámara Nacional del Trabajo, que atendió una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT) y emitió una medida cautelar. Un días después se sumó otra cautelar, esta vez solicitada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
En ambos casos, la Cámara determinó que no se cumplían las condiciones de “extrema urgencia” necesarias para que el Poder Ejecutivo legisle sobre asuntos que competen al Congreso Nacional, suspendiendo así los artículos del DNU relacionados con reformas en el ámbito laboral. Tras este fallo, el Gobierno anunció la presentación de una apelación elaborada por el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra.
A pesar del anuncio gubernamental de apelar, el DNU sufrió otro revés después del mediodía de ayer, cuando la Justicia dio curso al amparo de 500 intendentes.
El juez Enrique Lavié Pico aceptó la presentación del medio millar de jefes comunales bonaerenses, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la medida impulsada por el gobierno para desregular la economía. “Es una amenaza sobre el sistema democrático”, había advertido le intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.