En la última semana se conoció que más de 5.000 aspirantes a formar parte de la Policía de Tucumán desaprobaron (muchos directamente se ausentaron) el examen de ingreso en el Instituto de Enseñanza Superior San Martín. Las autoridades de la cartera de Seguridad destacaron que la provincia necesita “buenos policías”, por lo que se debe ser cuidadosos a la hora de seleccionar a sus miembros. En ese sentido, resulta positiva la decisión de elevar los estándares de admisión a la institución encargada de velar por la integridad de la comunidad y sus bienes.
En la búsqueda de alcanzar la excelencia en las filas de la fuerza se ubica también la iniciativa de distintos legisladores provinciales para crear el área de Asuntos Internos de la Policía de Tucumán.
En este caso, los objetivos que se plantean refieren al control integral de las acciones disciplinarias, administrativas, y a prevenir, detectar y sancionar toda conducta contraria a las normas legales, tanto de orden general como aquellas disposiciones específicas que regulan los deberes y funciones del personal policial.
La última propuesta legislativa proviene de las filas de la UCR. “Se busca que esta Secretaría de Estado de Asuntos Internos constituya una herramienta de consulta a fin de conocer acabadamente la situación administrativa y penal de sus miembros como una política pública transparente y efectiva y que, a su vez, evite los delincuentes dentro de la propia fuerza tanto policial como penitenciaria”, sostienen los fundamentos expresados por el radical José Cano en el texto formalizado el miércoles pasado.
La idea de avanzar en este sentido no es nueva. En 2020, por caso, la bancada alfarista había propiciado la creación del Departamento General de Asuntos Internos, dentro de la fuerza. “En nuestra provincia, durante los últimos años, las irregularidades en el accionar policial suelen ser reiterativas y uno de los principales temas a tratar. Por este motivo presentamos un proyecto de ley para la creación de este despacho”, señaló en esa ocasión Walter Berarducci, autor del proyecto y actual integrante del bloque “Compromiso Tucumán”.
Con el tiempo, varias alternativas se acumularon a través de la mesa de entrada de la Legislatura de Tucumán. En 2022, el entonces legislador radical José Ricardo Ascárate -hoy secretario de Energía y Servicios Públicos de la Provincia- planteó la iniciativa referida a la auditoría genera de asuntos internos en la fuerza de seguridad. Esta repartición, indicó el actual funcionario, sería “capaz de llevar adelante de manera transparente todas las acciones necesarias tendientes a la investigación, control y el pronto esclarecimiento de las conductas reprochables e ilegales que involucren al personal policial y del servicio penitenciario”.
En 2023, a su turno, el también ex legislador radical José María Canelada reiteró su propio proyecto -antes efectivizado en 2017 y en 2019- referido a la oficina de asuntos internos. “La rendición de cuentas de las instituciones públicas representa uno de los principios elementales de cualquier sociedad democrática. No obstante, cuando se trata de la Policía, este principio cobra todavía mayor relevancia”, argumentó quien hoy es concejal capitalino.
En rigor, en distintas composiciones de la Legislatura provincial hubo gestiones para discutir iniciativas tendientes a mejorar la institución policial. En ocasiones, este debate se profundizó en momentos en que uno o más agentes de la institución se vieron envueltos en situaciones polémicas. Sería saludable que se evite tal circunstancia, a fin de no incurrir en posibles oportunismos políticos. La discusión relativa al área de Asuntos Internos de la Policía amerita ser fruto del diálogo, de un trabajo armónico e interdisciplinario, y no una reacción espasmódica de la clase política.