La convocatoria del gobernador Osvaldo Jaldo a realizar la reforma del sistema electoral, mediante la creación de una comisión interpoderes, abrió positivas expectativas en la comunidad y parece mostrar una fuerte decisión de producir modificaciones sustanciales, de fuerte impacto en la sociedad. Pedida varias veces por la Iglesia y por referentes políticos de la oposición, reconocida por referentes del oficialismo, esta medida viene a responder añejas inquietudes. “Hay una sociedad que evidentemente cada vez tolera menos; está enojada con la situación que está viviendo. Y los políticos deben estar a la altura de las circunstancias”, había dicho el mandatario en una entrevista que se le hizo en diciembre en el programa “Panorama Tucumano”.

“Tengo la certeza de que, entre todos, podremos encontrar una fórmula adecuada para que la elección de representantes exprese y garantice las preferencias de la voluntad popular”, describió Jaldo en su discurso del 1 de marzo, en el que sugirió que la nueva norma ya se podría aplicar en las elecciones de 2027. Si se cumple este anuncio, Tucumán volverá a modificar de raíz su sistema electoral luego de 20 años y de cinco elecciones disputadas bajo el régimen de acoples. Antes de eso estuvo la cuestionada Ley de Lemas, que regía desde 1991 y que había derivado  en escándalos a partir de la proliferación de candidatos. Tras el debut de los acoples en 2007, generó el acople que en lugar de listas, con el tiempo se multiplicara la creación de partidos para poder “acoplar”. Así, se llegó a 2023 con una elección en la que hubo más de 18.000 candidatos y más de un centenar de boletas en los cuartos oscuros municipales.

Tras los comicios de 2015 en los que hubo denuncias de fraude, el Gobierno provincial presentó el libro “Tucumán dialoga”, que reunía las propuestas de distintos sectores de la sociedad al respecto; la Legislatura autorizó la creación de la comisión especial de Reforma Política y Electoral de la provincia para ocuparse de modificar la ley de Partidos Políticos N° 5.454. Pero nada se hizo con ese digesto. Ese año la Iglesia dijo que, “a fin de aprender la lección y que no vuelvan a producirse estos hechos, son necesarios profundos y duraderos acuerdos para llevar adelante las reformas necesarias a los procesos y sistemas electorales, para garantizar transparencia y eficacia, evitando la multiplicación excesiva de candidaturas y ofreciendo los acuerdos representativos de las diversas realidades provinciales”.

En su Tedeum de julio pasado, el arzobispo criticó el clientelismo. “Lamentablemente seguimos siendo cautivos de estas prácticas en nuestra sociedad y que fuimos testigos últimamente. Que no se naturalicen esta clase de opresiones… la multitud cae muy fácilmente en manos de prácticas demagógicas, presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva, que desvirtúan su profundo significado y degradan la cultura cívica y la dignidad personal”, dijo y recordó que la mayoría de los candidatos a gobernador que compitieron en junio habían firmado con la Pastoral Social y la Mesa de diálogo un compromiso para intentar revertir los flagelos que afectan a los tucumanos, entre los cuales estaba el sistema electoral.

El gobernador enfatizó varias veces que había firmado ese compromiso. En su mensaje da un paso firme hacia un cambio que debería instrumentarse cuanto antes; quizá con una ley o tal vez con una reforma Constitucional, la cual habrá de exigir un esfuerzo colectivo importante. Como sea, el mandatario ha hablado de convocar a colegios profesionales y universidades, con la idea de que se logre una tarea profunda, madura y consensuada. Sería importante que esta iniciativa fructifique.