El Gobierno nacional posee una deuda de $400.000 millones con el sector de la construcción, correspondiente a cerca de 3.500 obras que estaban en marcha y que se avanzaron el año pasado (entre septiembre y noviembre). Así lo reveló el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss.

Todas fueron iniciadas durante la administración de Alberto Fernández, ya que al asumir Javier Milei se paralizó la actividad del sector casi por completo, con alguna excepción.

“La deuda del Gobierno nacional es de obra ejecutada en el período septiembre, octubre y noviembre del año pasado, porque el plazo de pago de la obra pública es de 60 días desde la presentación de factura. Lo que se ejecutó en septiembre vencía en diciembre y no se pagó. En octubre y noviembre, ni que hablar. Hubo algunos pagos esporádicos de esa deuda, pero el grueso de la deuda sigue sin pagar, unos $400.000 millones”, explicó Weiss en una conferencia de prensa.

El Gobierno acumuló en mayo un superávit financiero de $1,18 billones y uno primario de $2,3 billones, según la información brindada por el Ministerio de Economía. Se trató del quinto superávit financiero al hilo, una marca a la que no se llegaba desde 2008. Sin embargo, en el Excel no está incluida la deuda de $400.000 millones que mantiene Nación con las empresas de obra pública.

Motosierra en el sector de la construcción

Pero en el sector no sólo pesa la motosierra, también está la licuadora. La primera, por la deuda en sí. Y la segunda, también entra en juego ya que “el Estado argentino no paga intereses a la deuda, por lo tanto, si nos pagan lo que nos deben del año pasado, nos pagan cada vez menos”, explicó Weiss.

Sobre los motivos por los cuales no se le ofrece al sector un plan de pago, Weiss mencionó que cree que el Gobierno “posterga el pago porque privilegia el superávit y les viene bien porque la licuación es más grande”.

“Nosotros somos el sector que, fuera de los jubilados, más está sufriendo el ajuste”, aseguró Weiss, aunque previamente dijo en que el “ajuste era necesario” y “en todo caso uno después se puede discutir un poco más en detalle, si tenía que ser muy profundo o un poco menos”.

La motosierra a la obra pública significó la destrucción de unos 100.000 puestos de trabajo directos desde mediados del año pasado cuando comenzó la crisis en el sector. Esto a su vez, “podría generar una pérdida potencial de otros 100.000 empleos indirecto”, estimó Weiss. Cabe destacar, que el sector de la construcción es uno de los que más puestos de trabajo genera en la Argentina.