El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, falló a favor del municipio de Pilar, suspendiendo la resolución del Gobierno que prohibía a los municipios cobrar tasas en las facturas de servicios públicos.

Con esta decisión, quedó sin efecto la Resolución 267/2024, dictada por la Secretaría de Comercio e Industria, que impedía la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios como electricidad y gas natural.

Pilar justificó su solicitud amparándose en la ley provincial N° 10.740 y en un convenio vigente con la empresa Edenor, que le permitía recaudar el tributo municipal a través de las facturas de dicha empresa. También mencionó las normas provinciales que regulan el sector eléctrico y el rol del Oceba como organismo de control en la provincia.

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El juez resolvió “hacer lugar a la medida cautelar” solicitada por el municipio y ordenó “la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación”. Asimismo, indicó que “la medida interina tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en autos” y solicitó al Ministerio de Economía un informe en un plazo de tres días, conforme al artículo 4 de la ley 26.854.

La decisión del Gobierno de prohibir la inclusión de impuestos y tasas en las facturas de servicios había sido comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. 

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En una publicación reciente en X, el funcionario explicó que “ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana en el Boletín Oficial”, que estas facturas solo podrán reflejar el costo del servicio contratado, “quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”.