La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificó ayer la condena a  seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. Ante este escenario, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedirán condiciones para el arresto domiciliario de la ex mandataria. 

La solicitud será presentada al juez Jorge Gorini, titular del Tribunal Oral Federal N° 2. Allí plantearán que, para darle ese beneficio a la expresidenta, deberá cumpla con días de visita, un informe con la cantidad de personas que la visitarán y la requisa de las personas que asistan a su domicilio.

Exigirán que haya horarios de visitas determinados y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas dentro del domicilio donde se cumplirá la pena. También deberá notificar si hubiese un cambio de custodios.

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Este pedido se dará luego de que el TOF N°2 rechazó el pedido de detención inmediata de Cristina y ratificó que tiene cinco días para presentarse. La expresidenta permanece en su departamento de Constitución, donde busca cumplir prisión domiciliaria.

Prisión domiciliaria

El escrito que presentaron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy detalló las razones para que el Tribunal Oral conceda la prisión domiciliaria. Una de las primeras fue la edad de la expresidenta, que ya tiene más de 70 años. Pero, además, los doctores hablaron de motivos “de seguridad personal” por los años en el ejercicio de la presidencia que tuvo la titular del Partido Justicialista. Sostuvieron que por su cargo político tuvo acceso a “información sensible de carácter secreto o confidencial”, consignó el portal Todo Noticias (TN).

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Asimismo, otro de los argumentos que aparecen en el escrito es el intento de homicidio que sufrió Cristina en 2022. “Su alojamiento en una institución carcelaria de ninguna manera es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, escribieron.

Los abogados también citaron la “ausencia de riesgos procesales”, ya que creen que durante todo el proceso judicial, la exmandataria no presentó “un riesgo procesal de fuga”.