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Verónica Asad, conocida públicamente como Pitty, la numeróloga. Foto tomada de Perfil.com
La situación judicial de Verónica Asad, conocida públicamente como Pitty, la numeróloga, sumó un nuevo capítulo tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 19 de febrero resolvió que la denuncia en su contra deberá tramitarse en la justicia penal ordinaria y no en el fuero federal.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Pablo Salum, quien se presenta en redes sociales como activista contra pseudociencias y organizaciones coercitivas. En su presentación judicial, acusó a Asad de captar personas en situación de vulnerabilidad emocional o psicológica para manipularlas y, de ese modo, obtener dinero o bienes. Además, solicitó una prohibición de acercamiento y contacto, medida que fue concedida por el juzgado de instrucción, según informó La Nación.
Tras conocerse la denuncia, Pitty realizó un descargo en el programa Diario de Mariana (DDM), que se emite por América TV, donde negó las acusaciones y apuntó contra el denunciante.
“Él dice que lo que hago es atrapar gente, dice que tengo una secta. Yo soy numeróloga, pero soy una mina simple, práctica, tengo un don, sostuvo Asad.
Además relató que en 2016 el denunciante la acosaba de manera insistente, la llamaba por teléfono y la amenazaba de muerte e insultos.
Otra causa
En paralelo, la numeróloga había quedado involucrada en una causa federal que se tramitó en Comodoro Py y que finalmente fue sobreseída. Ese expediente se originó tras la contratación de Pitty por parte de la entonces titular del Banco Nación, Silvina Batakis, junto con la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros, para dictar un supuesto curso de coaching.
Dentro de esa misma causa se examinó además la presunta incorporación irregular del ex marido de Batakis en el área de sistemas y del hijo de Barros en una gerencia del banco, en el marco de una investigación más amplia sobre posibles inconsistencias administrativas en la entidad.
La denuncia federal había sido impulsada por la entonces diputada nacional María Graciela Ocaña, y el fiscal Guillermo Marijuan imputó a las ex funcionarias y a Asad por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y peculado. Sin embargo, el año pasado el fuero federal dictó el sobreseimiento de todos los involucrados, luego de que una auditoría interna del Banco Nación concluyera que “no se pudo determinar que la institución haya sufrido un perjuicio patrimonial por la contratación directa del servicio”, según informó La Nación.
El juzgado de instrucción que recibió la denuncia de Salum derivó inicialmente el caso al fuero federal por conexidad con la causa del Banco Nación. No obstante, el Juzgado Federal N° 9 rechazó esa interpretación y sostuvo que los hechos denunciados por Salum eran distintos y escindibles de la investigación ya cerrada. El Procurador General interino coincidió con ese criterio al señalar que las acusaciones se vinculan exclusivamente con la actividad privada de Asad como numeróloga y no revestían carácter federal.
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