“Hagan lo que hagan, no podrán acabar con este fenómeno. La gente la está pasando mal y viajar a Bolivia para comprar todo tipo de productos es la alternativa que tienen para subsistir o hacer rendir los sueldos”, definió Esteban Suárez, uno de los tantos desempleados que utiliza un utilitario para llevar y traer gente a la localidad de Aguas Blancas. El pensamiento de este bagayero es el mismo que tienen miles de personas y que hizo disparar los registros de secuestros de mercadería ingresada ilegalmente al país.
Bultos se denominan las bolsas de consorcio o las cajas en las que se guardan prendas de vestir, calzados, ropa de cama, artículos del hogar, electrónicos, de bazar, herramientas y hasta repuestos, entre otros productos. Según las estadísticas de la fuerza, en lo que va del año, en el marco del Operativo Lapacho, se secuestraron 7.200 paquetes de estas características, casi un 50% más que en todo el 2024. Lo decomisado en 2025 fue valuado en más de $3.600 millones. El aumento de decomisos está reflejado en los principales puestos fronterizos: las edificaciones están prácticamente colapsadas por la cantidad de material incautado. (Se informa por separado)
“Sólo secuestramos los bultos que tienen fines comerciales”, aclaró el comisario Fabio Ferreyra, jefe del Operativo Lapacho. “Estamos cambiando permanentemente la estrategia porque las personas que se dedican a esta actividad buscan siempre cambiar la manera para eludir los controles”, añadió el funcionario.
Contrabando millonario en la Finca Karina: detuvieron a una mujer policía durante un allanamientoSegún los registros de la fuerza, Tucumán, con 2.714 bultos aparece como el principal destino de los bultos. Los otros cuatro primeros puestos son ocupados por Catamarca (1.737), Buenos Aires (965), Santiago del Estero (871) y Córdoba (485). Lo llamativo es que también llegan los bultos a otras provincias de frontera como son Mendoza, Chaco y Corrientes.
El sistema de transporte de la mercadería ingresada ilegalmente es otra cuestión. En base a los secuestros realizados en nuestra provincia, la mayor cantidad de envíos se realizan por el servicio de encomiendas (2.677). Le siguen los autos (1.487), las camionetas (1.421), los utilitarios (1.273) y los tours de compras (250). “Controlar los camiones de transporte significa una ardua tarea, ya que llevan centenares de bultos y no todos son bultos. A veces encontramos tres en medio de centenares de paquetes. Es un trabajo de hormiga porque así como se descarga, luego hay que cargar lo que no tiene impedimento para que el camión continúe viaje”, observó Ferreyra.
El atractivo
“Todo el mundo habla del fenómeno Chile, porque no saben lo que se pueden encontrar en Bermejo, que está al frente de Aguas Blancas”, sostuvo Lucrecia Méndez. “Tengo cinco hijos y con $5.000 los visto a todos con zapatillas, medias, ropa interior, remeras o camisas y un buzo. Me ahorro un montón”, agregó la docente que realiza al menos tres viajes por año. “Hay controles, no es que no existan, pero sólo persiguen a los que van a buscar mercadería para revender”, añadió.
Duro golpe al contrabando: secuestraron mercadería valuada en más de $13 millones en FormosaEn tierra boliviana, según los datos que recopiló LA GACETA, el valor de las vestimentas y de calzados oscila entre un 50% y un 80% menos que en un comercio de Tucumán. “La diferencia está en la calidad. Hay de todo. Por ejemplo, la ropa deportiva es más barata en un 60% y es exactamente la misma que se vende en Chile. Lo sé porque estuve de compras en ambos países”, aseguró Juan Carlos Jiménez. “Muchas de esas prendas son brasileñas o norteamericanas. Obviamente que las originales son más costosas que las imitaciones, pero lo importante es que hay de todo”, agregó.
Pero también hay “combos” especiales. Por ejemplo, el costo de una docena de zapatillas oscila entre los $120.000 y $245.000. “Hay que caminar y saber elegir, pero muchas son las mismas que se venden en los showrooms o por internet. Es evidente que ellos compran en Bolivia y hacen su diferencia”, destacó Méndez. Pero el boom de este año son los electrodomésticos y los aires acondicionados. Una heladera que en Tucumán se cotiza a un promedio de $5 millones, en Bermejo se la puede conseguir a $2 millones. Los equipos de aire se consiguen a un valor promedio de $500.000 y televisores, que en nuestra provincia tienen un valor de $850.000, a unos $400.000.
“Si no abusás, los ‘milicos’ no te hacen problemas. Te revisan de arriba y abajo las cajas para ver si no llevás drogas y te dejan pasar. Los gendarmes tienen las mismas necesidades que cualquier otro argentino y hacen la vista gorda”, contó Esteban Moyano.
Servicio
Según los informes estadísticos, más del 75% de la mercadería proviene de Aguas Blancas y Orán. Son localidades que prácticamente viven de las personas que van a adquirir productos en Bolivia. El intendente oranense Baltasar Lara Gros armó un importante revuelo al decidir cerrar un playón de transferencia (así se denomina el lugar en el que estacionan los vehículos para que carguen los productos ingresados ilegalmente al país) que pertenecía al municipio. No sólo dispuso que ese predio sea base de un destacamento de la Policía Federal y una oficina de Aduanas, sino que ordenó que sus ocupantes vayan a otro lugar que será administrado por un privado. El funcionario admitió que tomó esa medida porque la ciudad y sus alrededores estaban colapsando por la cantidad de personas que viajaban al Bermejo a comprar. Estimó que en promedio, se movilizaban 15.000 vehículos por día.
Tres días antes de que se tomara esa medida, la Justicia Federal decidió clausurar Finca Karina. En ese lugar, ubicado a dos kilómetros de Aguas Blancas, una organización abrió un paso clandestino, ya que sus fondos dan al río Bermejo. En el supuesto establecimiento agrícola llegaba en chalanas la mercadería que se compraba en Bolivia. También era utilizado para transportar productos al vecino país. Según la investigación cobraban un peaje para estacionar el lugar (autos $2.000, utilitarios $4.000, camionetas $6.000 y micros $10.000) y un canon de $1.000 por cada bulto. Además, tenían instalados quioscos y lugares donde comer. Según los números proporcionados por ARCA, recaudaban al menos $229 millones por mes. Fueron procesadas 11 personas, entre ellas una policía salteña en actividad.
“Me encantan las cosas que hacen. Por un lado, un municipio les da facilidad a las personas que viajan para comprar. Pero por el otro, cierran un lugar donde llegaba la mercadería. ¿Cuál es la diferencia? No tienen la menor idea de lo que está pasando allí”, se queja el bagayero Pedro Chávez. Su colega Fernando Castro aportó otro dato: “El contrabando ya forma parte de esas poblaciones. Todo está organizado para que la gente llegue y haga sus compras. Los bolivianos reciben hasta transferencias de billeteras virtuales y te dan el dinero para que cualquiera pueda adquirir los productos”.
“La competencia desleal, en este contexto, nos está matando”
“Se está muriendo la formalidad en el comercio”, fue la primera frase a quemarropa disparada por Gabriela Coronel, una de las referentes de la rama comercio de la Federación Económica de Tucumán (FET). “Las autoridades nacionales, provinciales y municipales no pueden seguir mirando para otro lado con este problema. La competencia desleal, agregada al difícil contexto, nos está matando”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
La empresaria destacó que desde hace bastante tiempo han identificado los centros de acopio y ventas mayoristas de mercadería ingresada ilegalmente y que no son cerrados. “De allí salen los productos que se comercializan en las ferias barriales y las que venden los ambulantes. La responsabilidad de controlar es de los municipios, pero siempre nos dicen que no tienen los recursos para realizar los operativos. Tampoco piden ayuda a la Provincia o a la Nación para detener todo esto”, opinó.
“Es más fácil pescar en una pecera. A los comerciantes les pueden aplicar una multa por no tener un matafuego, pero nadie controla la venta si en un lugar se pagaron los aranceles de importación de la mercadería que comercializan o si tributan lo que corresponde y que es lo que hacen las personas que tienen un comercio”, añadió. “El otro día participamos de un taller para analizar la posibilidad de importar. Es tanta la burocracia que resulta difícil hacerlo. Evidentemente, por la falta de control, es mucho más fácil ingresar al país de manera ilegal”, comentó.
La empresaria también señaló que no le sorprende la proliferación de showrooms o de ventas online. “En Tucumán hay muchos emprendedores, pero por las cargas impositivas desisten de cumplir con las normas. Es inaudito que una persona que quiera abrir un negocio tenga que tributar sin haber vendido absolutamente nada”, finalizó.
Iniciativa oficial: buscan darles un destino a los productos decomisados
“A la Policía le asignamos más tareas, porque los comerciantes nos plantearon que por las rutas tucumanas circulan mercaderías de manera ilegal y, al ingresar a la provincia, se venden a menor precio porque no tienen cargas impositivas ni costos fijos”, señaló el gobernador Osvaldo Jaldo al justificar la implementación del Operativo Lapacho, que será reforzado con el correr de los días. “Esa mercadería transita sin remito, sin facturación, sin documentación. Es ilegal, no paga impuestos, no paga luz, no paga alquiler y genera una competencia desleal hacia los comercios que cumplen con las normas”, agregó.
Aunque no lo informó durante la conferencia de prensa, la Provincia está realizando gestiones para que se aceleren los trámites para que se defina el destino final de los productos secuestrados. “Los puestos fronterizos no sólo están colapsados, sino que además se están arruinando porque están desde hace varios meses allí”, explicó el comisario Fabio Ferreyra.
La intención del Gobierno es que la mercadería, con autorización y control judicial, sea entregada a instituciones benéficas para que sea distribuida entre los más necesitados. También realizarán gestiones para que las cubiertas, como ocurrió en otras oportunidades, se las entregue a la Provincia para que las distribuya a la Policía y a otras reparticiones estatales.