Se vienen días de definiciones en la causa en la que se investiga los supuestos vínculos de ex funcionarios de Alberdi con el narcotráfico. El ex intendente de esa ciudad Luis Campos será citado a ampliar su declaración indagatoria, antes de que se resuelva su situación procesal. En tanto que hoy, un profesional revisará a José del Carmen Roldán, ex secretario de Hacienda del municipio para determinar si le otorgan el arresto domiciliario.

En junio se abrió una investigación por un audio que se viralizó. Se trataba de una charla que mantuvo el supuesto empresario de la construcción Roque “Chipi” Jiménez con Campos en el que no sólo quedaron al descubierto los posibles contactos narcos, sino también irregularidades con las obras públicas. Después de un largo derrotero procesal, se definió que la justicia federal llevaría un expediente por asociación ilícita, lavado de activos y confabulación por narcotráfico. En tanto que la ordinaria, debería haber iniciado un expediente por la supuesta malversación de fondos.

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La teoría del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz es que Campos y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa; Roldán (ex secretario de Hacienda de Alberdi), Juan Pablo Barrionuevo (ex titular de Desarrollo Social de esa ciudad), Albano Loru (ex concejal) y Jiménez (al que le otorgaron varias obras públicas) habrían utilizado la estructura financiera del municipio para ingresar los activos que podrían haber provenido de la distribución y de la comercialización de la droga.

Todos los mencionados fueron citados a declarar. En la indagatoria, negaron la acusación en su contra. Los defensores informaron además que no había ninguna prueba para mantener los cargos que le habían endilgado. Silvia Furque (asiste a Jiménez), Javier Lobo Aragón y su hijo homónimo (defienden a Loru) y María Florencia Abdala y Camilo Atim (representan a Roldán) fracasaron en su intento de que puedan recuperar la libertad. Nunca se dispuso una medida privativa de la libertad en contra del matrimonio Campos.

El desarrollo

Cuando los sospechosos declararon, los funcionarios judiciales le adelantaron a Campos que volvería a ser citado a declarar, ya que querían analizar los dichos de los otros señalados y la documentación que está reuniendo el fiscal. El llamado a responder nuevas preguntas sería inminente, ya que el juez federal José Manuel Díaz Vélez debe resolver la situación procesal de todos los imputados.

Atim y Abdala, que también defienden a Campos y Figueroa, prefirieron no hacer declaraciones. Sin embargo, allegados al matrimonio le dijeron a LA GACETA que él estaba esperando tranquilo la nueva citación. “No hay ninguna sorpresa, ellos sabían que él podría volver y que ella, de a poco, se iría despegando”, indicó una fuente.

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Al tratarse de una investigación por lavado de activos, los mencionados en la causa sabían que en cualquier momento se les podría secuestrar los vehículos que estaban a su nombre. En el listado de bienes a secuestrar aparecían camionetas, un minibús y varias motocicletas. Por orden de la Justicia Federal, el martes por la tarde se realizó la medida, cuyos resultados no se informaron oficialmente. Según trascendió, al matrimonio Campos le habrían llevado una camioneta Hilux (que podría haber sido adquirida con cheques del municipio, según la denuncia que realizó Jiménez), una combi Mercedes Benz y un cuatriciclo. De los otros investigados no se conoció ningún detalle.

“Presentamos documentación para demostrar que él entregó una camioneta porque, al quedar detenido, no tenía la posibilidad de cobrar un salario para terminar de pagarla. Lo único que tiene a su nombre es una Honda Wave, ese es el gran patrimonio con el que cuenta”, sostuvo el profesional.