El transporte público de pasajeros en Tucumán enfrenta una situación crítica, marcada por la caída de usuarios, altos costos operativos y la necesidad de subsidios estratégicos. Así lo advirtió Enrique Romero, exdirector general de Transporte de la provincia y exsubsecretario de Tránsito y Transporte de San Miguel de Tucumán, quien analizó la coyuntura y propuso soluciones de largo plazo.
“Es cierto que el servicio no es de excelencia, pero si no se considera el contexto se equivoca el diagnóstico. Desde el exministro Dietrich hasta la adenda firmada por Macri y Manzur, el sector se priorizó para el AMBA y se ignoró al interior del país”, explicó Romero.
Subsidios y costos operativos
Romero recordó que el subsidio al transporte público es una práctica mundial, considerada una política pública esencial. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo destinó $5.000 millones mensuales al sector, unos $60.000 millones al año sin auxilio de Nación, mientras que en Mendoza el presupuesto anual proyecta $235.000 millones, es decir, $19.583 millones por mes.
En cifras locales, San Miguel de Tucumán cuenta con 320 colectivos urbanos que recorren un total aproximado de 2 millones de kilómetros al mes, equivalentes a 1.667 viajes mensuales a Buenos Aires. Cada unidad consume 130 litros diarios de gasoil, lo que representa un gasto mensual de $1.560 millones solo en combustible. Sumando salarios, viáticos y escalafón de choferes, el costo operativo mensual alcanza $3.185 millones, sin incluir repuestos y mantenimiento.
“El precio de un colectivo 0 km diésel con aire acondicionado es de $220 millones. Los eléctricos, que no se fabrican en Argentina, cuestan entre US$ 350.000 y 500.000 por unidad, lo que los hace inalcanzables”, señaló Romero.
Caída de usuarios y gratuidades
Desde 2019, el corte de boletos ha descendido un 45%, pasando de 55.619.803 a 30.598.153 en 2024. La situación se agrava por las gratuidades y descuentos:
Boleto Estudiantil primario, secundario y universitario: 53% a cargo del municipio, 47% por las empresas.
Jubilados: el Estado cubre $588,10 de un total de $950 por viaje urbano o metropolitano.
Docentes y personal policial: abonos con descuentos o viajes gratuitos.
Personas con discapacidad y acompañantes: viajes sin costo.
“Así las cosas, los números no cierran. Hay empresas sin crédito para comprar gasoil y algunas en convocatoria de acreedores. La coyuntura solo se resuelve reuniendo a todos los actores y buscando aportes económicos conjuntos”, afirmó Romero.
Propuesta de plan estratégico
Romero plantea la necesidad de un Plan Estratégico de 20 años que asegure la recuperación del transporte público y contemple:
Incentivos fiscales por 10 años.
Fondo fiduciario para financiar reconversiones del transporte.
Reconversión completa de la flota en 10 años.
Eliminación de recorridos superpuestos.
Implementación de servicios diferenciales con menos paradas.
Optimización de frecuencias y rutas.
Además, señaló que las aplicaciones electrónicas de transporte, actualmente no reguladas, deberían tributar impuestos, estar inscriptas en la Dirección de Transporte provincial o municipal, y garantizar seguros y licencias profesionales.
“Solo equilibrando los subsidios y regulando todos los servicios podremos garantizar transporte público de calidad, sostenible y seguro para la provincia”, concluyó Enrique Romero.