El debate por el ingreso de las sociedades anónimas deportivas (SAD) al fútbol argentino tuvo un antecedente poco visible hasta ahora. Según una investigación publicada por La Nación, dos empresas vinculadas al entorno más cercano del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, administraron durante años el fútbol profesional de Arsenal de Sarandí, el club históricamente ligado a la familia Grondona. Mientras públicamente la conducción de la AFA rechaza la privatización de los clubes, en los hechos se avanzó sobre el control de sus recursos y derechos económicos.

Las firmas involucradas son Malte SRL y Recomi SA, ambas administradas por Juan Pablo Beacon, exintegrante del Consejo Federal de la AFA y hombre de extrema confianza de Toviggino durante varios años. De acuerdo con documentos comerciales y judiciales relevados por La Nación, Beacon fue accionista de Malte entre 2021 y 2022 y mantuvo participación en Recomi al menos hasta diciembre pasado. El tesorero de la AFA, según reconstruyó el diario, estaba al tanto del funcionamiento cotidiano de esas compañías.

Ambas sociedades mantuvieron vínculos comerciales directos con la casa madre del fútbol argentino. Malte facturó millones de pesos por la provisión de insumos sanitarios durante la pandemia, mientras que Recomi emitió comprobantes por servicios de “asesoramiento”. Ni la AFA, ni Beacon ni la familia Grondona respondieron a las consultas realizadas por La Nación.

El alcance de estas empresas no se limitó a Arsenal. También intervinieron en la gestión de otros clubes del ascenso, como Sol de Mayo de Río Negro y Estudiantes de Río Cuarto. Su rol incluía la administración del fútbol profesional y la percepción de ingresos provenientes de derechos televisivos, transferencias de jugadores, sponsors y alquileres de estadios.

En el caso de Arsenal, el vínculo se formalizó en abril de 2019, el mismo día del ascenso a Primera División. El contrato de gerenciamiento establecía que el club cedía la totalidad de sus derechos económicos a cambio de que la empresa se hiciera cargo de salarios y gastos operativos. A partir de allí, el club se transformó en una plataforma de negocios, especialmente durante su participación internacional.

La investigación detalla además cómo Beacon intervino en reclamos ante la FIFA por el mecanismo de solidaridad, logrando cobrar montos por transferencias de futbolistas formados en el "Sabalero". También se detectaron ingresos millonarios por el alquiler del estadio a la propia AFA para distintos eventos.

Con el paso del tiempo y el deterioro deportivo, la relación se quebró. Arsenal descendió, los contratos se judicializaron y Recomi inició acciones legales contra la dirigencia del club. Aunque inicialmente la Justicia declaró inválido uno de los acuerdos, las partes terminaron alcanzando un arreglo económico en 2024.

Tras el período de gerenciamiento, el club de Sarandí entró en una profunda crisis institucional y deportiva que lo llevó a perder dos categorías y quedar relegado a la Primera B Metropolitana. El caso, según expuso La Nación, dejó al descubierto una práctica que contradice el discurso oficial de la AFA sobre la autonomía de los clubes y la resistencia a las SAD, pero que en los hechos ya operaba dentro del sistema.