La vulnerabilidad se consolida como el principal aliado de los narcos que buscan traficar drogas en la región. Al cierre del primer trimestre de 2026, se notó un incremento en la utilización de personas para transportar cocaína en el interior de sus cuerpos, actividad conocida como “capsuleros”. Esta situación quedó al descubierto al conocerse un fallo en el que tres mujeres fueron sobreseídas por haber realizado esta tarea.

El sábado, en Molle Yaco, gendarmes detuvieron a un micro de larga distancia para realizar un control de rutina. Mientras realizaban su tarea, un pasajero se levantó y pidió ayuda porque sufría fuertes dolores estomacales. Fue llevado al hospital de Trancas y, desde allí, fue derivado al Centro de Salud, donde terminó evacuando cápsulas con más de un kilo de cocaína.

Dos días antes, en Huacra, al límite con Catamarca, también gendarmes detuvieron a un tour de compras. Encontraron que una mujer llevaba adosada en su cuerpo y ocultos entre los asientos poco más de tres kilos de “merca”. En una medida poco común y cuestionada por penalistas, todos los pasajeros fueron obligados a realizarse placas radiográficas. A cinco de ellos les encontraron cápsulas de cocaína en sus cuerpos. Finalmente, las autoridades confirmaron que en sus estómagos llevaban más de 10 kilos del estupefaciente.

La lista de casos se abrió en enero, cuando una mujer fue detenida en La Rioja por transportar un kilo de esa sustancia. En febrero, tres mujeres quedaron arrestadas al ser sorprendidas trasladando dos kilos.

Por estos controles, que son solo los detectados en procedimientos fortuitos y no permanentes, hasta lo que va del año se secuestraron 14 kilos de “merca”, lo que representa más de un 20% más que el año pasado. En 2023 y en 2024, no se habían detectado envíos con esta modalidad.

En todos los expedientes iniciados hay factores comunes. Más de la mitad de los detenidos son oriundos de Bolivia. En tres de las cuatro causas, los transportadores habían partido de Jujuy. El destino siempre fue el mismo: Mendoza.

El valor de lo decomisado, según los valores que manejan las autoridades, ascendería a unos U$S 42.000 en frontera. En Mendoza, el valor llegaría a unos U$S 70.000. Los “capsuleros” recibirían no más de U$S 200 por la tarea que realizan.

Caso testigo

En el caso de febrero, surgieron datos que sirven para entender lo que ocurre. Melisa, de 21 años, oriunda de Santa Cruz de la Sierra; Delia (32) y Joana (24), ambas de Cochabamba, no se conocían, pero sus vidas estaban atravesadas por necesidades. Las tres, con título secundario, sin un trabajo formal y a cargo de hijos y parientes, fueron convocadas por una mujer que les ofrecía pagar una importante suma de dinero para que llevaran ropa o cremas a Argentina. Les pagó el viaje hacia nuestro país y las hizo cruzar por el río para que su ingreso no quedara registrado en Migraciones.

El fallo por transportar droga en el estómago: vulnerabilidad, trata y no punibilidad

Las ubicó en una vivienda desconocida de Villazón, donde supuestamente les daría los pasajes hasta Mendoza y les brindaría instrucciones del trabajo que debían realizar. Pero todo se complicó cuando apareció un hombre que extrajo de una bolsa las cápsulas con la droga. A la fuerza y hasta amenazándolas con armas de fuego, tuvieron que comenzar a tragar esos elementos. “Te vas a tener que llevar todo esto si no querés que le pase algo a tu hijita. Tengo todos los datos de ella. ¿Te imaginás qué le puede pasar cuando esté en la escuela?”, fue una de las amenazas que recibió Melisa.

“Querían que nos tragáramos como 100, pero no podía tomar todas. Llegaba un momento en que vomitaba porque no me entraban más. Nos hicieron estar paradas todo el tiempo y no nos dieron nada de comer. Me quise ir, pero me amenazaron con que le harían algo malo a mi hijo”, declaró Delia en la indagatoria.

“Ellos estaban todo el tiempo tratándonos mal. A las otras chicas las conocí ahí. A los gritos nos pedían que nos tragáramos las drogas. Nos vivían amenazando con que harían algo a nuestros hijos si no hacíamos el trabajo”, indicó Joana.

Narcotráfico: a los detenidos ya los llaman los “distractores”

Las tres coincidieron en señalar que nunca dejaron de ser vigiladas por al menos dos hombres. Antes de iniciar el viaje, recibieron la misma advertencia: si llegaban a denunciar lo que estaban haciendo, no sólo se desquitarían con sus familiares, sino que las dejarían abandonadas para que pasaran varios años en una cárcel de otro país, alejadas de sus seres queridos.

Otro padecimiento

Las mujeres fueron detenidas en el control de Molle Yaco a fines de febrero. Si bien es cierto que, al evacuar las cápsulas, salvaron sus vidas, desde el momento en que fueron arrestadas comenzaron con otro padecimiento. Por su origen, recibieron malos tratos y discriminación, no sólo por parte del personal policial, sino también por las mismas compañeras de encierro. En el expediente no sólo consta esta situación, sino que además se conoció que eran obligadas a realizar tareas de limpieza.

Sus defensores, Alejandro López Islas y Nicolás Ramasco Padilla, desde un primer momento, pidieron que en la causa se aplicara la ley de Trata de Personas. “Ellas nunca negaron que transportaban drogas cuando fueron detenidas. Sí confirmaron que habían sido obligadas a realizar esta tarea mediante engaños y amenazas”, sostuvieron los profesionales.

Por esa razón solicitaron que sus asistidas dejaran de ser consideradas bajo el paradigma de imputadas por infracción a la Ley 23.737 y fueran consideradas como posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación delictiva. El fiscal federal Agustín Chit no se opuso, pero sí solicitó que se realizaran nuevas medidas para confirmar esa teoría. Finalmente, esta hipótesis fue probada y el juez Guillermo Díaz Martínez resolvió sobreseerlas y dispuso su libertad.

Las tres mujeres regresaron a su país. “Antes de que salieran del lugar de encierro, les ordenaron que limpiaran los baños. Eso habla a las claras de todo lo que sufrieron en este tiempo”, finalizaron los profesionales.