El Cottolengo Don Orione de Tucumán sufre una severa crisis financiera por la falta de pagos de PAMI e Incluir Salud desde hace tres o cuatro meses. Esta situación límite afecta directamente a 90 personas con discapacidad que residen allí en una profunda situación de vulnerabilidad. Las autoridades de la institución denuncian que la falta de respuestas oficiales los dejó sin reservas.
Urge actuar ante la crisis del Cottolengo Don OrioneEn una entrevista con LG PLAY, Facundo Mela, el sacerdote que dirige la institución, fue contundente sobre el reclamo que llevan adelante en nombre de las personas con discapacidad. "Nosotros lo que estamos solicitando es que se cumpla la ley". Y agregó: "No estamos pidiendo un subsidio, una ayuda especial, sino que se cumpla la ley de discapacidad".
Recortes al límite frente al abandono del Cottolengo Don Orione
El inmenso predio requiere de un mantenimiento costoso, pero la prioridad absoluta es la salud de los residentes. "Yo puedo dejar una semana sin cortar el pasto pero no puedo dejar a los residentes sin medicamentos, sin alimentación, sin atención médica", sentenció el padre. Hoy cuentan con 80 empleados que asisten a los internos y que también necesitan cobrar sus sueldos para vivir.
El director aclaró que la falta de pago y la desactualización de los montos frente a la inflación afecta a casi todas las instituciones del país. En este contexto, rogó que se entienda la gravedad del problema. "No estamos hablando de números, son personas con una historia, con un nombre... no es una estadística, es una persona".
La búsqueda de soluciones del Cottolengo frente a la crisis financiera
Tras hacer público el reclamo, el hogar recibió llamadas de autoridades legislativas, del Ministerio de Desarrollo Social y del vicegobernador. "Nosotros en un rato tenemos reunión con el gobernador", confirmó el sacerdote buscando soluciones estructurales. Remarcó que toda donación sirve, pero necesitan urgentemente que se restablezca la cadena de pagos.
La urgencia de este hogar deja en evidencia que la burocracia estatal no puede jugar con el bienestar de quienes no pueden valerse por sí mismos. Como advierte la institución, los tratamientos médicos de esta población vulnerable no pueden quedar en pausa.