En un fallo sin precedentes por su modalidad y su alcance económico, la justicia federal de Tucumán condenó a Walter Ayala y Alejandra Galván por liderar una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Lo más escandaloso del caso es que Ayala coordinaba toda la logística desde el interior de la Unidad N° 1 del Penal de Villa Urquiza, donde ya cumplía una sentencia previa por trata de personas.
A través de un juicio abreviado en el que ambos admitieron su culpabilidad, la jueza Carina Farías impuso 12 años de prisión para Ayala y ocho para Galván. Además, se ordenó una reparación económica histórica de más de $130 millones para las ocho víctimas, monto que contempla el daño moral, el lucro cesante y la recuperación de las ganancias ilícitas obtenidas por los explotadores.
Logística carcelaria y digital
La investigación, liderada por el fiscal Pablo Camuña, demostró que Ayala utilizaba teléfonos celulares no autorizados para reclutar mujeres vulnerables a través de redes sociales.
Desde su celda, controlaba los perfiles de las víctimas en el sitio "Skokka", definía sus nombres de fantasía y supervisaba las recaudaciones. Por su parte, Galván era la cara visible en la calle: supervisaba los departamentos en San Miguel de Tucumán, realizaba las producciones de fotos y videos, y recaudaba el dinero de los "pases".