BUENOS AIRES.- El abogado Daniel Gustavo Reposo, un hombre cercano al vicepresidente Amado Boudou, es el designado por Cristina Fernández para ocupar el cargo de procurador general de la Nación.
La renuncia de Esteban Righi a ese puesto fue una de las primeras esquirlas que hizo saltar la causa en la que se investiga si el vicepresidente realizó gestiones para favorecer a la empresa Ciccone Calcográfica.
La decisión de proponer al titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para reemplazar a Righi se convirtió en un gesto indirecto de la Presidenta, al elegir a uno de los hombres más cercanos al vicepresidente.
Reposo es abogado laboralista y, según se define a sí mismo en su cuenta de Twitter, es "ex-gerente de Prestaciones Anses, laboralista, veroniquense, peronista K y amante del golf", consigna el diario Perfil.com.
Entre 1986 y 1992 se desempeñó en la Sindicatura General de empresas públicas y al año siguiente, fue subgerente institucional de la Sindicatura General de la Nación. De 2007 a 2009 fue gerente de Prestaciones de la ANSeS y luego fue titular de la Unidad de Auditoría Interna.
En noviembre de 2009, Boudou, que en ese entonces era ministro de Economía, colocó a Reposo como titular de la Sigen, órgano de control interno del Poder Ejecutivo.
Oriundo de Verónica -un pueblo del este de la provincia de Buenos Aires- estudió Derecho del Trabajo y Seguridad Social en Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires.
Actualmente, Reposo es síndico titular en Papel Prensa. Según Perfil.com, uno de sus roles más recordados es el de haber tapado las cámaras que grababan una asamblea de directorio, luego de que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intervino la empresa y apareció con guantes de box para impedir la votación.
Tras ser designado por la Presidenta, Reposo deberá pasar por un proceso de selección que instaló Néstor Kirchner en junio del 2003.
Producida la vacante, el nombre y los antecedentes del reemplazante propuesto por la Casa de Gobierno se publicará en el Boletín Oficial y en dos diarios nacionales durante tres días.
Durante 15 días, asociaciones civiles, académicas y de derechos humanos podrán presentar apoyos y objeciones a la persona elegida para el cargo, y, de no haber impugnaciones, el Poder Ejecutivo tiene otros 15 días para elevar al Senado al candidato.
La Cámara Alta deberá realizar una audiencia pública con el postulante y en el pleno del recinto se necesitarán los dos tercios de los votos para aprobar la designación.
Durante el proceso de selección, el postulante deberá presentar una declaración jurada con sus bienes, los de su cónyuge y los de sus hijos, además de las asociaciones civiles y comerciales, los estudios de abogados que integró en los últimos ocho años y "cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio". (DYN-Perfil.com)