BUENOS AIRES.- El proyecto de Ley de Exteriorización (o blanqueo) de Capitales, impulsado por el Poder Ejecutivo, obtuvo dictamen favorable en el Senado nacional y la iniciativa será tratada el miércoles 22 en el recinto de la Cámara Alta en una sesión especial. El trámite que habilita la discusión sobre tablas fue suscrito por los legisladores que responden al Frente para la Victoria y sus aliados, luego de las críticas de la mayoría de los 18 expositores que hablaron frente a un plenario de tres comisiones. Los cuestionamientos apuntaron a la inequidad que el programa plantea entre los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias y aquellos presuntos evasores que ahora se verían favorecidos por el blanqueo.

En ese marco, el senador Gerardo Morales, en nombre del bloque del radicalismo, se quejó por la ausencia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, porque consideró clave su participación en la ejecución de la norma. El debate reveló preeminencia de opiniones en contra de la iniciativa. Sólo recogió opiniones favorables de representantes del sector de la construcción, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) evitó pronunciarse en forma taxativa. "No hubo un análisis del proyecto artículo por artículo", indicó el vicepresidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, al ser consultado puntualmente por Morales. La posición de la UIA fue expresada también por su presidente, José Ignacio de Mendiguren. Los industriales se limitaron a solicitar que "los fondos sean dirigidos a unidades nuevas y que se extienda a galpones y productos de fábrica" y sugirieron que parte "pueda volcarse al incentivo de economías regionales". Por su parte, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), pidió que la reglamentación "no se quede en un elemento transaccional" meramente financiero.

En otro segmento del análisis, Guillermo Nielsen, que fue secretario de Finanzas de Néstor Kirchner, con Roberto Lavagna como ministro de Economía, afirmó que "la ley presenta objeciones éticas y de disciplina tributaria de largo plazo" y sostuvo que "en lo instrumental se plantea objetivos a partir de un diagnóstico equivocado". Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación, enfatizó que "el proyecto promueve medidas que no van a ser auditadas" por el organismo a su cargo. Además, el ex titular del Banco Central, Javier González Fraga, consideró que "la ley será ineficaz en alcanzar los objetivos que persigue" y dijo que convertirá al "país en un paraíso fiscal". En el mismo sentido se pronunció el también ex presidente del Central, Aldo Pignanelli, quien se lamentó por el deterioro de la economía. El economista Matías Tombolini propuso variantes para mejorar la utilización de los certificados, y Héctor Valle, de la FIDE, dijo que el plan puede ser útil para conseguir financiamiento para proyectos de desarrollo. (DyN)