BRASILIA/BELO HORIZONTE.- Decenas de miles de brasileños salieron ayer a las calles a protestar contra la corrupción y exigir mejoras en los malos servicios públicos, atizando una ola de descontento que ha estremecido a la mayor economía de América Latina.

En la capital Brasilia, la policía tomó posiciones en la explanada central donde están situados los ministerios y el Palacio de Planalto, la sede de la presidencia. En Belo Horizonte, la tercera ciudad del país, miles de manifestantes demandaron mejoras en la educación y la salud justo cuando las selecciones de Brasil y Uruguay disputaron un partido por las semifinales de la Copa Confederaciones de fútbol. Manifestantes y efectivos policiales chocaron en las inmediaciones del estadio "Mineirao". Los disturbios comenzaron cuando un grupo de manifestantes intentó derribar las rejas colocadas como barrera de protección en los alrededores del estadio a lo que la policía respondió con bombas de gas lacrimógeno. La manifestación, de la que se calcula reunió a unas 50.000 personas, se dispersó a raíz de la reacción policial, generando disturbios cercanos al estadio que se prolongaron por más de media hora

Casi dos semanas después del inicio las mayores protestas en 20 años, los políticos brasileños parecen estar por fin reaccionando y comenzaron a responder a la demanda populares de cambios. Durante el martes, el Congreso rechazó una enmienda constitucional que habría limitado la autoridad de los fiscales federales para investigar delitos, una medida que los manifestantes vieron como un intento de los políticos por evitar las investigaciones de corrupción.

"Nuestros representantes están escuchando a la gente ahora. Estamos creando una nueva conciencia política", dijo Amanda Caetano, portavoz de un grupo llamado "Suficiente es Suficiente" que espera movilizar a 10.000 personas en Brasilia para exigir el fin a los privilegios que disfrutan los políticos.

En otra respuesta, la Cámara baja del Congreso votó durante la noche a favor de un proyecto de ley que destina regalías de la producción futura de petróleo a programas de educación y salud. Será el 75 % de las regalías del petróleo para la Educación y el 25 restante para la Salud.

Además, una comisión del Senado aprobó una medida que removería los impuestos al transporte público, facilitando a las ciudades y estados una rebaja en las tarifas de bus y tren subterráneo. También se espera que el Senado apruebe una iniciativa respecto a un proyecto de ley que introduce sentencias más duras contra la corrupción.

Una protesta relativamente pequeña contra un aumento en los pasajes del transporte y la subsiguente represión policial desataron finalmente los disturbios que han remecido al país.

Varias ciudades dieron marcha atrás en las alzas de tarifas, pero el movimiento amplió su foco a una letanía de reclamos, desde los miles de millones de dólares gastados en estadios de fútbol para el Mundial de 2014 hasta una ley sobre una "cura gay" que se tramita en el Congreso y que permitiría a los sicólogos a tratar la homosexualidad como una enfermedad.

Sin embargo, uno de los temas comunes que se mantiene en las marchas es la profunda desconfianza hacia una clase política percibida como corrupta, con sueldos excesivos y que parece más preocupada de ayudarse a sí misma que a la sociedad en general. Buscando aplacar la frustración de los manifestantes por el gasto excesivo del fútbol y la mala calidad de los servicios públicos como la salud, la presidenta Dilma Rousseff anunció que contrataría médicos extranjeros para mejorar la cobertura. La importación de médicos de países como España, Portugal o Cuba solucionaría problemas como el de Imperatriz, una ciudad de 250.000 habitantes en el empobrecido nordeste del país que no encuentra un pediatra para la unidad de cuidados intensivos de su hospital municipal.

Pero finalmente, el Gobierno desistió de promover la Asamblea Constituyente para realizar la reforma política; pero la iniciativa será sometida a una consulta popular. "No tenemos tiempos para realizar una Constituyente", reconoció Aloizio Mercadante, ministro de Educación. (Reuters-DPA)