BUENOS AIRES.- El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal por los términos del preacuerdo entre el Gobierno y la petrolera española Repsol por la expropiación del 51% de la firma local YPF. El requerimiento del fiscal apunta al ministro de Economía, Axel Kicillof; al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y al titular de YPF, Miguel Galuccio. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo.

El fiscal advirtió sobre la existencia de un acuerdo sobre el resarcimiento económico a la empresa española, sin cumplir con los pasos administrativos contemplados en la ley.

Si bien nadie oficializó monto ni características de pago del precio, fuentes españolas dejaron trascender en medios periodísticos una cifra del orden de los 5.000 millones de dólares y su pago con un bono específico, a diez años de plazo.

También siempre se ocuparon de hacer saber que el monto a percibir por Repsol debería ser en “activos líquidos”, lo que requeriría una negociación política, pero también de ingeniería financiera y por eso sumaron al Deutsche Bank al equipo encargado de negociar la letra chica.

Según la investigación, se trata de “determinar si corresponde el pago” y en ese contexto, las decisiones se adoptaron “sin que se brinde información confiable a la población respecto al uso de los fondos que se destinarán al pago del resarcimiento de una empresa cuya actuación se encuentra cuestionada”.

González pidió que “se certifique si el Tribunal de Tasaciones ha tomado intervención” en el proceso de indemnización y, en ese caso, se obtengan “las actuaciones originales que se hubieran labrado en el ámbito de este Tribunal”.

Por otro lado, el jueves, una alta fuente del Gobierno señaló tras una reunión que “fue un buen día: Repsol aceptó nuestra propuesta y creo que firmaremos el acuerdo definitivo antes de fin de año”. El ministro de Economía, Axel Kicillof, acompañado por Emmanuel Álvarez Agis, secretario de Política Económica, y Rodrigo Cuesta, del área legal de YPF, avanzaron en los detalles del acuerdo con los directivos de Repsol Miguel Klingenberg Calvo, del Consejo de Administración, y Nemesio Fernández Cuesta, director general de Negocios.

Unas tres horas demandó el avance sustantivo de las negociaciones -señala el sitio ámbito.com-, que concluyeron con el objetivo de firmar el acuerdo definitivo antes de fin de año. La propuesta económica del Gobierno argentino consiste en el pago de U$S 5.000 millones en bonos a diez años con cuatro de gracia, con un 8,75% de rentabilidad. Es decir que comenzará a pagarse a fines de 2017 si se firma antes de que termine el año.

Dados los avances obtenidos ahora comienzan una serie de reuniones entre los equipos técnicos, financieros y legales entre representantes de la petrolera argentina y la española.

Una de las condiciones exigidas para que este acuerdo pueda concretarse es que se elimine toda posibilidad de que en el futuro pueda existir alguna demanda judicial por parte de los accionistas de Repsol. Desde ya, la compañía petrolera española se comprometió a retirar su demanda ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

El directorio de Repsol ya aprobó la oferta de Argentina para indemnizar a la petrolera española por la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

La petrolera mexicana Pemex fue una protagonista clave para acercar las posiciones y para que finalmente se lograra un acuerdo.

El objetivo del Gobierno es ir normalizando los conflictos internacionales, como es el acuerdo alcanzado con Repsol, el juicio contra los fondos “buitre” y la deuda con el Club de París. Precisamente ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, admitió en conferencia de prensa: “estamos trabajando para la presentación de la oferta”. (DyN-Especial)