BUENOS AIRES.- El embajador suizo en la Argentina, Johannes Matyassy, aseguró que la Justicia de su país y el juez Sebastián Casanello “tienen que hablar por el caso (Lázaro) Báez”, en la causa que investiga al empresario kirchnerista por el presunto delito de lavado de dinero.
En cuanto a la situación de los Báez en la causa suiza, que investiga las cuentas de la familia en ese país, Matyassy sostuvo que “está avanzando” y precisó que “están realizando la instrucción penal y que se está progresando en el flujo de análisis financiero de las cuentas”.
Al respecto, el diplomático europeo amplió que el dinero del empresario kirchnerista “está bloqueado y eso generó un pedido de la familia Báez para que se levante esa medida”.
En una entrevista que publica hoy el diario Perfil, el representante diplomático del país helvético explicó que “el caso Báez es un caso particular” porque “es el primer caso de cooperación mutua que se aplica desde el nuevo convenio de cooperación con Argentina”.
Además, indicó que Casanello “no hizo mal el exhorto ni Suiza se negó a colaborar” con el flujo de información y remarcó que “parece que el acuerdo bilateral permite utilizar sólo indicios de cuál sería el delito precedente”.
En este sentido, sostuvo que “el juez Casanello y Suiza, la Oficina de Justicia suiza, tienen que hablar” sobre si el exhorto podría mencionar indicios de cuál sería el delito precedente, sea corrupción o defraudación, o debe mostrar pruebas y agregó: “tienen que hablar, ya sea personalmente o por video conferencia”.
Qué es lo que investigan
Ante la consulta sobre la evasión fiscal puede ser el delito que se use en el exhorto para pedir la información, el embajador suizo indicó que “el hecho de no pagar impuestos, no es delito precedente al lavado de dinero para Suiza”, pero remarcó que “si se prueba que el dinero evadido proviene de un caso de defraudación o corrupción entonces sí se convierte en delito preexistente”.
En el exhorto que presentó Casanello faltaba explicar cuál sería el delito precedente del supuesto lavado de dinero, un requisito que es necesario para la Justicia suiza.
En cuanto a cuál era la postura de la AFIP frente al nuevo acuerdo de cooperación fiscal que firmarán ambos países, Matyassy reveló que la Argentina “quería un acuerdo de intercambio inmediato de información impositiva y aduanera”, pero su país “no” está “de acuerdo con que el intercambio sea inmediato sino mediante un pedido previo”. “Es una posición general de Suiza. La AFIP logró convencer a la Presidenta (Cristina Fernández) de que acepte esos términos y logramos un acuerdo para evitar la doble imposición de impuestos”, manifestó el diplomático.
Además, explicó que el tratado “no incluye” cláusulas contra el lavado de dinero, ya que es solo un acuerdo fiscal.
La situación del fiscal
A fines de esta semana se habilitó la feria judicial de verano para que fuese resuelto el pedido del suspendido fiscal José Campagnoli de ser restituido en su cargo, luego de ser enviado a juicio político por presunto mal desempeño en una investigación contra Lázaro Báez.
La decisión fue adoptada por la jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland e implica que podría haber una resolución en los próximos días.
Campagnoli había pedido el martes pasado por medio del dirigente de la UCR Ricardo Gil Lavedra que fuese repuesto en su cargo, luego que un Tribunal de Enjuiciamiento lo suspendiera y enviara a juicio político por presunto mal desempeño a raíz de investigar al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero cuando no tenía competencia para hacerlo.