NUEVA YORK.- Aurelius Capital Management, uno de los principales acreedores holdouts que quieren acordar con la Argentina cancelaciones de deuda tras el incumplimiento de pago del país en 2002, dijo que el Gobierno enfrentaría una nueva crisis el 30 de julio si no se involucra en negociaciones reales.

Funcionarios argentinos y los holdouts se reunieron por separado el viernes con un mediador judicial, pero salieron de su oficina tras cinco horas de discusiones sin una resolución ni una nueva conversación programada.

Ambas partes han endurecido su retórica para explicar que están dispuestas a negociar pero que la otra parte no muestra disposición a hacerlo.

“Si no hay un acuerdo, la próxima crisis de deuda soberana de Argentina comenzará el 30 de julio. Aún hay tiempo para evitar ese resultado, pero sólo si el Gobierno argentino inicia conversaciones serias con nosotros inmediatamente”, señaló Aurelius en un comunicado. “Los funcionarios argentinos se rehusan a reunirse con nosotros o incluso a negociar con nosotros indirectamente. Lamentablemente, este enfoque juega con los medios de vida y el futuro del pueblo argentino”, agregó.

Los fondos buitre, liderados por los fondos Aurelius y Elliott Management Corp, ganaron un fallo a favor del juez Thomas Griesa por 1.330 millones de dólares, más intereses acumulados, sobre la base de la cláusula pari passu (trato equitativo), que estaba en los bonos que se vendieron originalmente en 1994. Sin un acuerdo, la tercera economía latinoamericana podría caer en un nuevo incumplimiento de pago de deuda justo cuando lucha contra una recesión.

Argentina sigue pidiendo una suspensión de la orden de Griesa para que el país pague a los holdouts mientras continúan las discusiones. Eso le daría más tiempo, más allá de un plazo del 30 de julio, para pagar un cupón a los tenedores de bonos que sí aceptaron dos reestructuraciones de deuda previas, en 2005 y 2010. Los funcionarios argentinos temen que un pago inmediato a los holdouts origine demandas de pagos similares por parte de los acreedores reestructurados, según lo permite una cláusula de sus bonos que vence al comienzo del próximo año.

Analistas han dicho que los funcionarios argentinos sí están dispuestos a pagar a los fondos buitre en línea con la orden de Griesa, pero sólo si en el tribunal se acuerda un desembolso para un momento en que el país esté a salvo de reclamos de los bonistas que entraron en los canjes de deuda. “El viernes, el Ministerio de Economía de Argentina emitió otra declaración pidiendo que se suspenda la orden pari passu”, señaló Aurelius. “Esto es extraño, porque la Corte de Distrito rechazó esa suspensión el mes pasado”, agregó.

El Gobierno argentino indicó el viernes en un comunicado que estaba dispuesto a continuar las conversaciones, pero no especificó cuándo lo hará.