BUENOS AIRES.- El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, fue procesado por el juez federal Ariel Lijo en la causa en la que se lo acusa de encubrir al detenido empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi mientras estuvo prófugo de la justicia.

El magistrado consideró que Parrilli obtuvo y ocultó información sensible sobre el paradero de Pérez Corradi cuando estaba prófugo, por lo que colaboró para que el permaneciera lejos del alcance de quienes lo estaban buscando.

La causa se inició a partir de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostuvo que la AFI sabía donde estaba el supuesto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez pero decidió no contribuir para su captura.

El juez Lijo sostuvo que desde el 13 noviembre de 2015 la AFI contó con dos informes que daban información precisa sobre Pérez Corradi pero que por decisión de Parrilli no fueron remitidos a las dos fiscalias que intervenían en causas en las que estaba implicado. “La prueba reunida demostró que la conducta de Parrilli tuvo la finalidad de que no se lograra ubicar a Pérez Corradi y, en consecuencia, entorpeció ambas investigaciones criminales y ayudó al prófugo a continuar eludiendo el accionar de la justicia”, sostuvo Lijo en su fallo de 57 páginas. El magistrado también ordenó formular una denuncia para que se investigue la presunta comisión de un delito de acción pública en virtud de la difusión de audios vinculados a las intervenciones telefónicas ordenadas en el marco del expediente.

Es que de esta investigación se desprendieron las transcripciones de algunos diálogos telefónicos entre Parrilli y su jefa, Cristina Kirchner. Lijo autorizó las escuchas el año pasado luego de que Ocaña denunciara al ex jefe de la inteligencia argentina.

Días atrás se divulgó uno de los audios en el que CFK trata a su hombre de confianza de “pelotudo”. Tras la filtración, Parrilli y la ex Presidente denunciaron que son víctimas de espionaje ilegal. Sin embargo, el ex jefe de la AFI conocía la existencia de las grabaciones desde el 21 de octubre de 2016 cuando una de sus abogadas retiró del juzgado una copia de 50 compactos con las escuchas. Una semana más tarde la misma abogada se llevó los otros 38 discos. Desde ese día el otrora secretario general de la Presidencia sabía que habían interceptado sus comunicaciones y no se pronunció al respecto. (Télam-DyN)