CARACAS.- Una grave crisis político-institucional se desencadenó en las últimas horas en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o Corte Suprema, que responde al presidente, Nicolás Maduro, resolvió quitarle atribuciones a la Asamblea Nacional (AN) o Parlamento o Congreso, controlada por la oposición. Los principales referentes de la oposición y el presidente de la AN definieron como “golpe de Estado” el avance judicial, una figura que adoptaron los principales medios periodísticos del mundo. Idéntica expresión utilizó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para referirse a la crisis venezolana, que incluso la definió como “autogolpe”. Por ello, convocó con urgencia a sesión del Consejo Permanente del cuerpo, generando una fuerte preocupación entre los países de la región.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció ayer el “concierto de la derecha regional” para atacar su “sistema democrático”, en una crítica dirigida a la OEA y a los países que exigen que se respete el orden democrático en Venezuela.

¿Qué desencadenó este nueva crisis política interna?

Una orden del TSJ volvió a colocarse en la palestra de los principales medios del mundo, esta vez por las dos sentencias emitidas por la Sala Constitucional en la que limita las facultades de la Asamblea Nacional y restringe la inmunidad de los asambleístas.

Esta decisión llegó porque el Tribunal venezolano declaró nulo el acto legislativo celebrado hace una semana en el que los parlamentarios, con clara mayoría opositora, aprobaron un acuerdo sobre la “Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA”.

“Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política. La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo”, señaló.

La oposición acusa a Maduro de ser el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela -con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de bienes-, pero el mandatario (54 años) afirma que sus adversarios libran una “guerra económica” para desbancarlo.

Los gobiernos de México, Brasil, Chile y Perú condenaron la decisión del Tribunal Supremo de atribuirse las funciones del Parlamento, y comenzaron a dialogar con pares latinos. Las autoridades argentinas catalogaron el dictamen judicial como “inaceptable” y un “deterioro del orden democrático”, y mientras que Unión Europea pidió al chavismo un “calendario electoral claro”

De esta manera, Venezuela, en menos de 48 horas volvió a ocupar el centro de la escena latinoamericana y mundial, luego de superar, el martes pasado y sin consecuencias políticas, una sesión del Consejo Permanente de la OEA, donde se analizó, justamente, la situación sociopolítica e institucional del país.

En la reunión se escucharon fuertes críticas de los delegados de numerosos países latinos, que reclaman que en Venezuela se respete la democracia, que el país recupere la paz interna y que el Gobierno libere a los presos políticos y llama a elecciones urgentes.

Rebelión

El Congreso se declaró ayer en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del máximo tribunal del país, que se adjudicó competencias legislativas, llevando a Perú a retirar su embajador en protesta.

“Este Parlamento se rebela y desconoce esta sentencia”, dijo el presidente del Poder Legislativo, Julio Borges, rompiendo un ejemplar de la sentencia frente a los periodistas. “Esta Asamblea Nacional desconoce al TSJ, ellos se escogieron a ellos mismos; a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos”.

Por su parte, el líder de la oposición y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, pidió desde Bogotá que la comunidad internacional fije una posición sobre el hecho. “¿Qué más pruebas necesita la comunidad internacional para terminar de fijar posición unánime y firme de que en Venezuela hay una dictadura?”, se preguntó Capriles.

“Si hoy no hacemos nada por salvar la democracia en Venezuela, mañana tendremos una situación en Colombia y pasado mañana en otro país de la región y así va en cadena”, agregó.

Violencia

Diputados opositores fueron agredidos por grupos oficialistas y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando acudieron a la sede del Tribunal Supremo de Justicia como medida de protesta en rechazo a la sentencia emitida.

“Estamos dispuesto a defender la Carta Magna en el escenario que sea, vamos a estar dando la batalla para cambiar estas realidades”, aseguró el diputado Juan Requesens, quien fue uno de los agredidos por la GNB.

Testigos afirmaron que los simpatizantes del gobierno de Maduro se acercaron al lugar y comenzaron a arrojar piedras y posteriormente agredieron con golpes y patadas a diputados, dirigentes y periodistas. Asimismo, resaltaron que los efectivos de seguridad intentaron despojar de sus equipos de trabajo a los periodistas que estaban cubriendo los acontecimientos. (eluniversal.com/diariolasamericas.com/cnnespañol)