La gestión de Cambiemos en Yerba Buena decidió poner en marcha la publicación de las declaraciones juradas (DDJJ) de los miembros del Ejecutivo municipal. La iniciativa se suma a los informes que ya figuran en la página oficial yerbabuena.gob.ar, sobre la ejecución de los gastos en licitaciones y en contrataciones, y de los llamados a los procesos licitatorios.

Manzur minimizó el debate por la revisión de la ley que prohíbe difundir el patrimonio de los políticos.

Se espera que hoy, el intendente de ese municipio, el radical Mariano Campero, de a conocer su declaración jurada, abriendo así el juego al resto de sus funcionarios. El modelo de formulario a llenar ha sido repartido, en los últimos días, por director de Gobierno Abierto municipal, Miguel Hero.

Fortuna declarada: el senador Alperovich, casi tres veces más rico que Macri.

Segundo modelo. 

En la provincia, en cambio, las DDJJ son secretas y su divulgación puede ser castigada, se acuerdo con la ley 3.981. Desde que esa norma fue sancionada, el 27 de julio de 1973, el país ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y el Congreso aprobó la Ley 25.188, de Ética de la Función Pública (1999), cuya aplicación está en manos de la Oficina Anticorrupción. Está previsto que el PEN comience a aplicar este año la ley nacional de Acceso a la Información Pública.

Alfaro declaró un patrimonio superior a los $ 2 millones.