Usurpación es una palabra que se pone de moda en tiempos electorales. Adueñarse ilegalmente de tierras de productores, particulares y fiscales es tan común como las pegatinas de afiches, la entrega de bolsones, las ideas absurdas y las falsas promesas de todos los candidatos. Al percibir esta situación, muchos ciudadanos tienen la sensación de que nada cambiará.

Estancia Riarte es un paradisíaco lugar ubicado en Trancas, al norte de la provincia. Es un inmueble de 20.000 hectáreas que limita con Salta. Sus propietarios mantienen una disputa de más de una década con la comunidad originaria Indio Colalao. Los productores aseguran que tienen documentación que avala su posesión desde 2003. La contraparte consiguió que la Nación reconociera sus derechos en el último día de diciembre de 2021 y ahora reclaman las tierras. Batallas como esta son cada vez más comunes en la provincia. Hay conflictos en Tafí del Valle, Quilmes y Colalao del Valle, por citar algunas. La Nación termina alentando las diferencias porque pasan los años y las soluciones siguen sin aparecer.

En 2006 se sancionó la ley 26.160 para tratar de acabar con el caos que existía con el reclamo de las tierras entre privados y pueblos originarios. Desde esa fecha, la norma de emergencia fue prorrogada en cuatro oportunidades, pero todo sigue igual. En términos generales, la ley busca poner fin al conflicto con una solución salomónica. Si existe un propietario real, es el Estado el que debe apropiarse de las tierras abonando una suma de dinero para devolverlas a la comunidad originaria o, caso contrario, darles otras a los reclamantes que ellos elijan como compensación. No ocurre ni lo uno ni lo otro. Como sucede con el narcotráfico, pasan los años y las gestiones de diferentes colores políticos siguen sin resolver el problema.

Las indefiniciones del Estado desatan una crisis que normalmente genera violencia y abusos. No es necesario “viajar” a la Patagonia para buscar ejemplos. El 12 de octubre de 2009, Javier Chocobar de la comunidad originaria de Chuchagasta, fue asesinado en medio de una disputa de tierras. En Tafí del Valle hay numerosos problemas, pero uno de ellos es insólito. Los comuneros de El Mollar se han adueñado de gran parte de las márgenes de La Angostura y regulan su explotación recreativa. Fundamentaron su decisión asegurando que lo hacen para preservar los recursos naturales milenarios, pero se trata de un lago inaugurado en los 80 y en cuyas aguas habitan especies introducidas por el hombre.

Alta tensión

La polémica por la Estancia Riarte estalló porque Jorge Posse, uno de los propietarios, denunció que el intendente de la localidad salteña El Jardín -limita con esas tierras- estaba entregando parcelas de su propiedad para sumar votos y asegurarse una banca en la cámara de senadores de la vecina provincia. Probó sus dichos mostrando imágenes de vehículos oficiales de ese municipio en la finca. El funcionario Omar López negó esa versión, pero de manera increíble reconoció que sí brinda ayuda social y utiliza los recursos de la intendencia para colaborar con la comunidad Indio Colalao, sin importar que estén en suelo tucumano.

“Hace tiempo sospechamos que el dinero de la política está por detrás de llamativas operaciones inmobiliarias y últimamente se sucedieron usurpaciones en diferentes lugares de la región”, aseguró Luis Blasco, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) en el acto inaugural de una exposición rural. En la entidad sostienen que hay organizaciones dedicadas a adueñarse de tierras ajenas. Personas que tienen contactos con funcionarios que le facilitan documentación oficial para considerarse tenedores legales.

Las tierras fiscales, tierras de todos los tucumanos, también fueron “víctimas” de esta maniobra. El ejemplo más concreto es lo que sucedió en El Cadillal. En la comuna se libraron documentos para que se produjeran todo tipo de loteos. Eran tan graves las irregularidades que el ministro del Interior Miguel Ángel Acevedo les ordenó a sus autoridades que dejaran de emitir ese tipo de certificados. Cuando el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia Daniel Leiva era fiscal de Estado, logró frenar varios loteos y, con orden de la Justicia, concretó la destrucción de varias casas. Inició los trámites para regularizar el caos dominial que hay en ese lugar que terminó con una ley de regularización que está en plena ejecución.

Esa acción no frenó el apoderamiento de tierras fiscales en esa villa turística, sino que la trasladó hacia Ticucho. Desde el río Tapia hacia el oeste, por la ruta conocida como “Perilago” son cada vez más los terrenos que aparecen alambrados, la apertura de caminos en zonas que supuestamente están protegidas, los loteos en las costas del lago y las disputas judiciales porque supuestos titulares de terrenos no autorizan el paso de servidumbre a tenedores legales. En ese lugar construyeron el monumento a la sospecha. En la cima de un cerro edificaron una vivienda de grandes dimensiones, pero nadie sabe quién es su propietario, pero muchos señalan a un político de la zona.

Nadie se salva

El nombre y el rostro de Alberto Lebbos, el hombre que continúa luchando por el esclarecimiento del crimen de su hija Paulina, es uno de los más conocidos de la provincia. Ni él se salvó. Hace menos de una semana, un grupo de personas intentó usurpar parte de las 21 hectáreas que tiene en La Florida. La Policía logró detener a este grupo de personas que estarían vinculadas a una agrupación kirchnerista. No fue el único problema que se registró en el este de la provincia. Hace menos de un mes, en Colombres, desconocidos intentaron apoderarse de unos cañaverales en Colombres. En esta oportunidad, el desalojo no fue tan pacífico: efectivos terminaron siendo agredidos cuando la Justicia decidió desalojarlos.

Fuentes de la fuerza confirmaron que intervienen en hasta tres intentos semanales de toma tierras en toda la provincia. “Cuando se acercan las elecciones, hay más movimientos”, dijo un comisario. También hablaron sobre un modus operandi. Personas o mejor dicho punteros, corren la noticia de que un candidato -que muchas veces ni saben que los están mencionando- autorizó la ocupación de tierras que pueden ser privadas o fiscales. Una vez que están instalados, esperan pacientemente si llega una orden de desalojo. “Si la medida no sale, no se van más”, agregó la fuente. “Lo grave del caso es que gran parte de los usurpadores no se quedan ahí. Al tener casas, aguantan un par de semanas y después la venden al que no tiene una”, finalizó el investigador.

El Ministerio Público Fiscal es el que interviene en estos casos. La orden de su titular Edmundo Jiménez es clara: no permitir la violación de propiedad privada. Gracias al nuevo código procesal penal, lo que antes tardaba años, actualmente se debe resolver en 48 horas. Sólo basta presentar un documento que avale la simple tenencia para concretar la restitución del inmueble. Por semana se realizan cinco audiencias por este delito y tienen un alto nivel de efectividad para los demandantes. Esas cifras se reducen a menos de la mitad cuando pasa la fiebre electoral.