20 Agosto 2023
La Universidad Nacional de Tucumán formalizó una denuncia penal para solicitar que se investiguen las distintas amenazas de bomba concretadas en escuelas dependientes de la casa de altos estudios y en la Facultad de Educación Física. El objetivo es que se identifique a los autores de los mensajes intimidatorios, por lo que, en la presentación efectuada ante la Fiscalía Federal de turno, se adjuntaron elementos de prueba relacionados a estos hechos.
El expediente fue iniciado a partir de los informes elevados por las autoridades del Gymnasium, de la Sarmiento y de la Facdef, en los cuales se detalla que “durante la semana en curso se recibieron en el ámbito de esas instituciones mensajes remitidos por diversos medios”, expuso el director general de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro. Y detalló que “el denominador común” en todos los casos fue “la amenaza de que, en los predios respectivos, se habrían colocado artefactos explosivos”.
El apoderado legal de la casa de altos estudios advirtió al Ministerio Público Fiscal sobre la posible comisión del delito tipificado por el artículo 211 del Código Penal, que sanciona con la pena de dos a seis años de prisión al que “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
Los hechos
González Navarro reportó ante el Ministerio Público Fiscal los hechos comunicados por las autoridades de cada institución educativa.
En el caso del Gymnasium, el director interino, Luis Allier, advirtió que el miércoles 16, cerca de las 8.30, “se recibió una llamada del propio Consejo de Escuelas en la que se informaba que se había recibido una amenaza de bomba y, de manera simultánea, recibió igual comunicación por parte de un guardia junto con un efectivo femenino de la Policía Provincial”, según consta en la denuncia. Ante ello, se dio intervención a los organismos competentes y, mientras se llevaban a cabo las tareas de inspección, “se procedió a la evacuación del alumnado y personal docente y administrativo”.
Al día siguiente se registró una situación similar en la Sarmiento. La directora interina, María Eugenia Ruiz, expuso que a las 8.55 del jueves 17 “se recibió una llamada al teléfono fijo de Mesa de Entradas en la que una voz masculina comunicó la presencia de un artefacto explosivo en las instalaciones de la institución”. Ante ello, se informó a Defensa Civil, al 107 y al 911, y “se llevó a cabo una evacuación del personal docente y administrativo”, señala la presentación judicial.
El viernes 18 la escena se reiteró, en este caso, en la Facdef. El decano de esta carrera, Raúl Eduardo Lischinsky, manifestó que a las 7.15, la directora de Biblioteca del establecimiento “le informó que, en el piso de entrada a esa dependencia, había encontrado un papel con el texto ‘hay una bomba acá’”. “Se procedió a activar el protocolo de emergencia y se llevaron a cabo las acciones pertinentes para la evacuación de personal y alumnos”, añade la denuncia. Y aclara que la nota con el texto amenazante “fue retirado por el personal de la Brigada de Explosivos”.
“Gran responsabilidad”
González Navarro consignó que, “ante la incertidumbre provocada por los mensajes amenazantes y frente a la enorme responsabilidad de resguardar la integridad psicofísica tanto del alumnado como del personal docente y no docente”, las autoridades del Gymnasium, de la UNT y de la Facdef aplicaron los protocolos vigentes y dieron inmediata intervención a distintos organismos especializados, como las fuerzas de seguridad y Defensa Civil.
El director general de Asuntos Jurídicos añadió que, ante la “responsabilidad plena que cabe a la UNT en el resguardo” de los estudiantes, se resolvió denunciar lo sucedido ante el Ministerio Público Fiscal. Solicitó además que “se tomen todas las medidas y se adopten todos los procedimientos para la dilucidación de una situación que consideramos de extrema gravedad”.
Además, la universidad puso “a disposición” de los investigadores “toda la colaboración, instrumentos, datos e informes” que se encuentran en su poder “para la mejor prosecución de la causa”.
Unos 25 casos
En las últimas semanas, se reportaron múltiples amenazas de bomba en varios establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia, e inclusive en una sede de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Hubo unos 25 casos desde febrero hasta hoy, según datos oficiales.
El subsecretario de Seguridad, Rolando Gómez, anticipó que ya se logró detectar los teléfonos con los que se habrían realizado algunas de las comunicaciones intimidatorias. “La Dirección de Delitos Telemáticos está trabajando de manera conjunta con la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Se ha realizado una investigación donde se obtuvo la identificación de una serie de números de teléfono, chats y mails. A raíz de esto, la Justicia debe enviar las medidas a las empresas como Google u otros organismos internacionales que tienen sus políticas de privacidad y exigen una orden judicial para avanzar con la investigación”, explicó.
El funcionario añadió que “esta situación es una preocupación” para el Ministerio de Seguridad, porque “la amenaza existió, no es falsa”. “Todas las inspecciones que realizó la División Explosivos de la Policía fueron negativas, es una cuestión que tiene en zozobra a la comunidad educativa y a toda la sociedad”, añadió.
Por su parte, el Ministerio de Educación de la Provincia expresó a través de un comunicado que se instruirán los mecanismos necesarios para que cada establecimiento recupere las clases interrumpidas por estos incidentes. “Hemos puesto a disposición todos los elementos aportados por las instituciones afectadas para colaborar con el avance de las investigaciones que llevan adelante los organismos competentes”, indicaron en la cartera que conduce Juan Pablo Lichtmajer.
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