Audiencia por amenazas de bombas: “Quiero que mi hijo declare”

Imputaron a una mujer de 36 años por el delito de intimidación pública a raíz de una de las amenazas de bomba que sufrió la Escuela Técnica N°3 Juan Brígido Terán. La acusada es madre de dos alumnos de la institución y durante la audiencia dijo que su hijo más grande junto a dos compañeros más estuvieron involucrados.

Hasta el momento, el establecimiento sufrió dos intimidaciones. La primera amenaza se registró el pasado 18 de mayo y fue de los primeros casos que hubo en la provincia previo a las oleadas de amenazas que se denunciaron a partir de julio.

Según explicó el director de la escuela, José Luis Juárez, en su denuncia, ese día aproximadamente a las 16, él se encontraba trabajando en la institución cuando personal del 911 se presentó al lugar para advertirle que habían recibido una denuncia anónima donde daban cuenta de la existencia de explosivos en el edificio. A raíz de esto, tuvieron que evacuar a 600 alumnos y 20 docentes como medida preventiva para que interviniera la División de Explosivos, que tras dos horas de trabajo no hallaron ningún artefacto explosivo.

Debido a este hecho, la fiscala Mariana Rivadeneira, a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos, y quien está llevando a cabo la investigación de las múltiples amenazas de bomba, acusó a la madre de dos alumnos de la institución de ser la autora de esta amenaza. Para probar su teoría expuso durante una audiencia, que tuvo lugar ayer, algunas de las evidencias recolectadas, entre las cuales mencionó el informe de titularidad de Telecom, que consta que el número desde el que se efectuó la llamada con el falso aviso está a nombre de ella; y ocho audios en los cuales está registrado el llamado al 911, informando que actualmente están remitidos al equipo científico del Ministerio Público Fiscal para determinar si las voces fueron o no distorsionadas. Además dijo que la mujer no cuenta con antecedentes penales pero que sí hay cinco legajos por amenazas, cuatro de ellos archivados y uno finalizado a través de un acuerdo entre las partes.

“Entendemos que hasta acá tenemos elementos que vinculan a la señora al hecho, con lo cual entiendo que corresponde el dictado de ciertas medidas que la sujeten al proceso con la finalidad de garantizar la investigación”, dijo Rivadeneira antes de pedir que la acusada sea sometida a medidas de restricción durante tres meses, como la promesa de someterse al proceso, fijar domicilio, no cometer actos que puedan contaminar la investigación y presentarse una vez a la semana ante el Ministerio Público Fiscal.

“Mi hijo confesó”

La abogada defensora, Érika Corbera, por su parte, dijo que pondrán a disposición los celulares de su representada y de su hijo para que se determine la geolocalización de las llamadas tanto de la ubicación de la señora con su teléfono como del lugar en donde se emitió la llamada, y pidió la palabra para que la acusada pudiera declarar. “Mi hijo me confesó que él y sus dos compañeros llamaron al 911. Él me dio el nombre completo de sus compañeros y sus números de teléfono. Hace diez días hubo otro atentado; lo hizo el mismo chico que llamó desde el teléfono de mi hijo pero a esta última la hizo con su número”, dijo la mujer e inmediatamente fue advertida por el juez Sebastian Norniella Parache de no decir los nombres de su hijo y sus compañeros ya que son menores de edad y la audiencia era de carácter pública. A lo que la señora dijo: “quiero que mi hijo declare”. En caso de que se confirmara la versión de la mujer, los adolescentes acusados por ella deberán afrontar un proceso penal, ya que son mayores de 16 años. Su situación procesal deberá ser resuelta por un juez de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA).

Finalmente, el juez Norniella Parache hizo lugar al pedido de la fiscala y la mujer quedó imputada por ser autora del delito de intimidación pública en perjuicio de la seguridad pública.

José Luis Juárez, director de la escuela, en diálogo con LA GACETA dijo que en el establecimiento se enteraron de la audiencia debido a los medios de comunicación ya que ni la Fiscalía ni el Ministerio les informaron algo al respecto.

Posible expulsión

“No sabemos quién es la mujer porque no nos avisaron nada; cuando vimos las noticias nos enteramos de que tiene hijos que estudian acá, pero tampoco sabemos sus nombres. Tenemos que esperar para ver qué pasa, porque si se llegara a probar que el o los autores son alumnos de la institución, tendremos que expulsarlos porque es lo que nos ordenó el Ministerio de Educación”, informó.

Los alumnos de la escuela estaban igual de sorprendidos. “Nos enteramos de que acusaron a la mamá de alguien de acá porque se viralizó, pero no sabemos quiénes son”, dijo Rodrigo, un alumno de último año. “Si es verdad eso, debe ser un bajón para la madre tener que responder por una broma del hijo”, acotó “Maxi”.

Los chicos contaron que la primera vez que recibieron la amenaza de bomba sintieron miedo porque pensaron que era verdad. “Creo que todavía no había pasado lo de las otras amenazas como ahora, entonces pensamos que era algo posta; a la segunda ya ni la tomamos en serio porque sabíamos que era falsa”, dijo Facundo, que además contó que la primera vez los bomberos tardaron cerca de media hora en llegar. “Hasta eso la escuela explotaba tres veces si es que había una bomba”, dijo entre risas.

Los estudiantes también comentaron que en ambas situaciones estaban en período de pruebas. “Recién arrancábamos a rendir; nosotros cursamos a la mañana pero teníamos que rendir taller a la tarde así que estábamos acá. Las dos veces la amenaza nos ayudó para zafar porque no habíamos estudiado, así que tuvimos más tiempo. En una nos fue bien y en la otra preferimos no hablar del resultado”, dijo “Maxi”, mientras bromeaba con sus compañeros. (Producción periodística: Micaela Pinna Otero)