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Usura, drogas, juego clandestino y una posible protección política y policial. Esas aristas forman parte de la trama del homicidio de Lautaro Alexander Ostriz. Un crimen que dejó al descubierto que las organizaciones vinculadas al narcomenudeo no sólo están creciendo, sino que van mutando paulatinamente hacia otras actividades ilícitas en la provincia.
El 10 de agosto, el joven de 24 años fue privado de su libertad en Estación Aráoz. Lo buscaron por todos lados. Siguieron varias pistas hasta que encontraron su cuerpo en esa localidad del este. A partir de ahí comenzó a descifrarse la trama del asesinato. Cristian Leal fue el testigo que contó todo lo que había pasado. Declaró que él citó a la víctima para que lo capturaran a cambio de saldar una deuda de $ 200.000 que tenía con una prestamista. Habría relatado que Hugo Fernández, que regenteaba una casa de apuestas en Lastenia, lo mató con dos golpes en la cabeza y que todo había sido orquestado por Miriam Paz, mujer que se habría dedicado a prestar dinero y está sospechada de comercialización de drogas. Despegó del caso a dos hermanos y apuntó a Roque Tula como el conductor de la camioneta en la que trasladaron a Ostriz.
El fiscal Ignacio López Bustos dirigió a los hombres de la ex Brigada y del ECIF en una investigación compleja porque las sospechas y el miedo estuvieron a flor de piel. Cada uno de los pasos que dieron los pesquisas fueron en silencio por temor a que alguien ventilara detalles. La jueza Elizabeth Raddi tuvo que dirigir una audiencia para que el testigo arrepentido pudiera hablar, ya que sus defensores no querían que lo hiciera, a pesar de que una confesión lo beneficiaría. El móvil aún no está confirmado, pero todo parecería indicar que Ostriz se habría quedado con tres kilos de droga que le habrían entregado para que comercializara o distribuyera en los diferentes “quioscos” del este de la provincia.
Antecedentes
“Mejicaneada” es el nombre que se utiliza en la jerga narco cuando hay un robo de sustancias y, normalmente, el que lo comete, lo paga con su vida. Adrián Mansilla fue secuestrado en agosto de 2003 en la zona de la ex Terminal. Su cuerpo fue encontrado dos meses después en un monte de Sauce Guacho, cercano a Famaillá. Lo habían matado de un tiro en la cabeza. Un testigo arrepentido fue quien dio todos los datos para que el caso se esclareciera. Identificó a Miguel Ángel “Piki” Orellana, hermano de los históricos dirigentes de ese municipio, y a otras siete personas. El móvil del crimen nunca fue develado, pero siempre se dijo, se dice y se dirá que la víctima se había apoderado de un kilo de cocaína. La causa generó un escándalo y un tembladeral político durante el gobierno de Julio Miranda. Todos los acusados fueron condenados y los policías que investigaron el caso fueron retirados o trasladados a destinos considerados como castigo cuando asumió José Jorge Alperovich como titular del PE. La familia Mansilla, para retirar la demanda civil, recibió U$S 50.000 como reparación. La pista narco nunca fue profundizada, pese a que varios de sus allegados fueron mencionados en otras causas similares.
En la historia policial de la provincia también existen antecedentes de organizaciones que cometían numerosos delitos. El fallecido Rubén “La Chancha” Ale y su hermano Ángel “El Mono” durante más de 30 años estuvieron involucrados en diferentes causas. Todas las sospechas en su contra fueron confirmadas por la Justicia Federal. Ambos fueron condenados por dirigir una asociación ilícita que durante años se dedicó al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas de los delitos de usura, extorsión, explotación económica del ejercicio de la prostitución y comercio de estupefacientes. En este expediente también fueron fundamentales las declaraciones de testigos con identidades reservadas.
Los vínculos
En el allanamiento de la casa de Fernández, el principal sospechoso de haber acabado con la vida de Ostriz, los pesquisas descubrieron que en ese domicilio funcionaba una casa de juego clandestina. Una cancha de taba y una sala para jugar a los naipes y los dados formaban parte de ese mini-casino ilegal. El acusado, en la audiencia realizada en su contra, reconoció que hace seis años la había habilitado como un lugar de encuentro de amigos.
Lo curioso del caso es que ese lugar funcionaba al frente del Hospital Eva Perón, una de las zonas con mayor movimiento de Lastenia. Un sector que cuenta con una casi permanente presencia policial y de vigías de Banda del río Salí. “Por fin se dieron cuenta de que esto existía”, dijo un temeroso vecino. Los investigadores aseguran metafóricamente que “los celulares siempre hablan” y un juez ya autorizó que el de Fernández sea analizado. Esa posibilidad generó un inusitado nerviosismo entre dirigentes del este tucumano -de diferentes colores políticos- y funcionarios policiales. “Vamos a ir hasta el fondo”, adelantó el fiscal López Bustos.
El crimen de Ostriz ha dejado al descubierto una organización poderosa. Sus integrantes se movían como un pez en el agua y, por ejemplo, habrían circulado durante mucho tiempo sin que nadie los molestara. Los dos vehículos que utilizaban para trasladarse y que fueron secuestrados en el marco de esta causa tenían pedido de secuestro por haber sido robados en Córdoba y Buenos Aires. Miriam Paz la supuesta autora intelectual del homicidio, reconoció ser empleada municipal de Banda del Río Salí y que prestaba dinero a sus compañeros de trabajo, pero que no tenía nada que ver en el hecho. Su hijo Roque Tula, también trabajador en ese municipio, dijo que el día de la muerte del joven había viajado a Jujuy a retirar los juguetes que había comprado para vender en la calle.
Números
La investigación de este caso desnudó también el desarrollo del narcomenudeo en el interior de la provincia. Los supuestos tres kilos de cocaína que habrían estado en poder de la víctima podrían haber sido 3.000 dosis que tienen un valor en la calle de $ 3 millones. Pero si la droga era de máxima pureza, podrían haberse obtenido hasta 27 kilos con el estiramiento, conseguido 27.000 papelitos (como se conoce vulgarmente la medida de esta sustancia) con una ganancia de $ 27 millones.
Los pesquisas creen que en realidad el joven podría haber formado parte de una organización y su función habría sido distribuirla en diferentes localidades. La otra hipótesis es que la droga haya sido parte de una carga que llegó de Santiago del Estero y su función era enfriarla (mantenerla oculta para evitar que vaya a ser secuestrada) hasta tanto que sus propietarios fueran a buscarla. Cualquiera de las dos líneas de investigación es preocupante. Por un lado, podría ser una prueba que el narcomenudeo avanza como una topadora en el interior de la provincia. Por el otro, una nueva señal de que el este se estaría transformando en la puerta del ingreso de la cocaína a Tucumán. Por todo esto, el de Estación Aráoz tiene enormes implicancias en toda la sociedad