Sustancial reacción con respecto a las amenazas

La enérgica reacción de las autoridades de la Justicia y de Seguridad parece haber surtido efecto. Ayer por primera vez en varias semanas, la jornada escolar pudo comenzar sin contratiempos en la mayoría de los colegios del Gran Tucumán, según se ha informado. El hecho de que las autoridades realizaran seis allanamientos en los que se secuestraron celulares, tablets y computadoras, y de que se ordenara prisiones preventivas de personas a cuyo nombre están los dispositivos desde los que se enviaron los mensajes intimidatorios generó gran impacto en la sociedad, trajo cierta calma y ha abierto un canal de reflexión tanto en los establecimientos escolares como en los hogares.

Se trató de una reacción de la Justicia que se reclamaba desde hace varias semanas. Las primeras medidas judiciales habían llegado hace pocos días, cuando se acusó a la madre de un estudiante de la ENET N° 1 por hechos ocurridos en mayo, y se le aplicaron medidas de coerción leves; lo mismo ocurrió con el caso de una madre de alumnos del instituto San José de Calasanz, en el que la fiscalía también pidió medidas de coerción leves. En esta ocasión el mismo juez advirtió sobre la tibieza del pedido fiscal, lo cual no condecía con la enorme conmoción que las amenazas de bombas estaban generando en la sociedad. También cuestionó que el Ministerio Público Fiscal no hubiese solicitado informe de geolocalización para que se supiese fehacientemente si la llamada había sido hecha desde del celular de la mujer –que usaba el hijo- desde el mismo colegio. Estos dos casos considerados leves hace pocos días contrastaron con la dureza con que fiscales y jueces actuaron en las audiencias este jueves, donde pidieron prisiones preventivas por 60 días a una joven de 18 años acusada de haber enviado mensajes y a dos padres cuyos celulares –que tenían sus hijos- fueron usados para hacer llamadas. También se envió a preventiva a la responsable de una institución a cuyo nombre estaba el IP desde donde se envió un mensaje de amenazas al colegio San Francisco. Asimismo, se les trabó embargo por 3 millones de pesos.

Además de este cambio de respuesta judicial, se actuó con casos más inmediatos –de comienzos de agosto-, con lo cual se puso a consideración pública que la respuesta rápida puede ser posible, tal como lo había planteado el fiscal especializado en Ciberdelito de CABA, Alejandro Musso, que explicó cómo se atrapó al autor de una amenaza de bomba en sólo 48 horas en el Norte de Buenos Aires.

Esta reacción de las autoridades judiciales, además, estuvo acompañada de un cambio en el protocolo frente a casos de denuncias de amenazas de bombas. Una presencia más rápida y preventiva de policías en los sitios donde que se haya recibido la denuncia por correo electrónico la noche antes –aproximadamente un 40% de los casos- y estudio rápido de la escena para saber si es preciso desalojar el establecimiento, con todas las consecuencias que esto acarrea. Es de esperar que el nuevo protocolo, que reemplaza a uno de 2005, haya surgido de un estudio meditado y armado de acuerdo con las capacidades técnicas necesarias para enfrentar hechos de esta naturaleza. Según se anunció, será una prueba de 60 días, que tendrá atención constante de efectivos policiales, hasta tener segura su eficiencia.

Al menos, estas reacciones contundentes de la autoridad –que han de estar en debate en la sociedad en estos días- han sido un cambio sustancial con respecto al modo insulso con que se tomaban las falsas llamadas. Si bien por lo general eran casos aislados que generaban movimiento de comunidades escolares, bomberos y Defensa Civil, no tenían impacto en la Justicia, que no las investigaba con velocidad acaso porque se consideraban cuestiones menores. Ahora todo parece haber cambiado.