Por Luis María Ruiz
05 Septiembre 2023
EN EL RECINTO DE LA LEGISLATURA. Archivo LA GACETA
Las elecciones provinciales del 11 de junio todavía tienen un capítulo abierto: la disputa judicial por la “banca 19” de la Capital en la Legislatura. Y la Casa de Gobierno, a través de la Fiscalía de Estado, propuso ponerle un cierre definitivo a esta trama y que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo pase a dictar la sentencia de fondo.
Mientras el dirigente bancario Hugo Ledesma (Activar-PJ) expresó en la contestación de la demanda que la cuestión “devino abstracta” -dado que ya recibió su diploma como legislador electo por parte de la Junta Electoral Provincial (JEP)-, el autor de la acción de amparo, Enrique Pedicone (JxC), desistió de la producción de “prueba informativa y pericial informática” que había sido requerida en el marco de este expediente.
El representante de la Fiscalía de Estado, Aldo Luis Cerutti, coincidió en un escrito reciente respecto a este último punto, por lo que, según las disposiciones del Código Procesal Administrativo, el abogado de la Provincia consideró que “corresponde al tribunal dictar el llamado de autos para sentencia”.
Ante este planteo, el juez Sergio Gandur corrió traslado este lunes a Pedicone y a Ledesma para que, en el plazo de tres días, se expidan al respecto.
"Una maniobra alejada del derecho"
El escrutinio definitivo a cargo de la Junta Electoral Provincial determinó que el dirigente del acople oficialista Activar, Ledesma, había sido electo en la “banca 19” de la Capital, al reunir 10.725 votos. Pedicone, postulante del acople alfarista “Compromiso con el Pueblo”, quedó a sólo seis voluntades del bancario, con 10.719 sufragios.
El ex magistrado, sin embargo, denunció que se cometieron irregularidades al momento de analizar la última urna, correspondiente a la mesa 1.328 de San Miguel de Tucumán.
EN MOMENTOS DE DEFINICIONES. Enrique Pedicone revisa las planillas en la sede de la Junta Electoral. foto de LA GACETA / Analía Jaramillo
Según Pedicone, el acta oficial fue “adulterada y vandalizada” por una funcionaria del órgano de control, quien “realizó tachones, raspaduras, sustituciones y reasignaciones de votos y cifras de manera obscena, con el fin de hacer cuadrar los números a favor del partido Activar”.
Además del rechazo de la propia JEP y del Estado provincial, la postura del candidato alfarista sumó en este proceso los cuestionamientos de Ledesma y del legislador saliente Eduardo Bourlé, en su carácter de apoderado de “Activar”, ambos con el patrocinio de la abogada Patricia Neme.
DURANTE LA CAMPAÑA. El dirigente bancario Hugo Ledesma fue proclamado legislador electo por la JEP. Foto de Facebook
En uno de los primeros apartados, desde el acople oficialista señalaron que la demanda de Pedicone “constituye una maniobra alejada del derecho y de la buena fe”, y apuntaron que su objetivo es “intentar desesperadamente revertir un resultado electoral que le fue desfavorable, desoyendo la voluntad popular legítimamente expresada en las urnas”.
Además, advirtieron que “la cuestión ha devenido abstracta”, dado que Ledesma “ha sido proclamado legislador electo en la banca 19 de la Capital” por la JEP y “ha recibido el correspondiente diploma”. Y consignaron que “la validez de su título corresponde a la Honorable Legislatura de Tucumán, por imperio del artículo 54 de la Constitución provincial”.
“Con total normalidad”
Al contestar la demanda, Ledesma y Bourlé remarcaron que “el escrutinio definitivo realizado en el predio de Mendoza (1.050, de la JEP) se desarrolló con total normalidad”. Y advirtieron que, en esa instancia, los presidente de mesa “efectuaron las correcciones pertinentes a los resultados en las Actas de Escrutinio en forma idéntica a la mesa que el amparista ahora cuestiona”. De hecho, aseguraron, Pedicone “avaló este proceder sin objeciones en las mesas 1.258, 1.275 y 1.326, entre otras”. “Ninguna de estas actas fue considerada ‘alterada, adulterada y violada en su información y datos de los votos’ o ‘vandalizada’ por los apoderados de Compromiso con el Pueblo”, enfatizaron.
En uno de los últimos puntos del escrito de 24 páginas, Ledesma y Bourlé solicitaron, a modo de prueba informativa, que se requiera a la empresa MSA -proveedora del sistema informático con el que se efectuó el escrutinio provisorio- la elaboración de un informe “sobre las medidas adoptadas para la transmisión de los telegramas desde las mesas receptoras de votos; la seguridad informática brindada a dichas transmisiones;, y la auditoría del sistema en relación con la mesa 1.328” de la Capital.
El juez Gandur decretó el envío del oficio a la empresa MSA conforme a lo peticionado por el partido Activar. Sin embargo, ante el pedido de la Provincia para que se dicte la sentencia del caso, resta ver si Ledesma y Pedicone aceptan prescindir o no de estos informes. Al margen de ello, restan menos de dos meses para la asunción de los 49 miembros de la próxima composición de la Legislatura. Y el interrogante es si para entonces se habrá definido la disputa judicial por la “banca 19”.
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