La necesaria austeridad en la planta estatal

Faltan poco más de dos semanas para que se produzca el cambio de gobierno en nuestra provincia y se dio a conocer la preocupación del mandatario electo por designaciones y recategorizaciones que, a nivel jerárquico, se están realizando en distintas áreas del Gobierno. En ese sentido, dijo que se derogará toda disposición sin sustento operativo que se haya tomado en los últimos 60 días.

Esta situación salió a luz con los análisis que están haciendo las futuras autoridades sobre las distintas partidas que compondrán el cálculo de gastos y de ingresos para 2024. En ese estudio del Presupuesto se están sugiriendo recortes de determinadas partidas para bajar, al mínimo posible, el nivel de erogaciones, tomando en cuenta la difícil situación de la Argentina por la acumulación de los desequilibrios macroeconómicos, según se informó. Por ello, hace días el ministro de Economía instaló en el acceso a su despacho del primer piso de la Casa de Gobierno un cartel con la siguiente leyenda: “Por disposición del señor gobernador, no se tramitarán más pedidos de nombramientos ni recategorizaciones”.

Los nombramientos y recategorizaciones, de este modo, quedarían anuladas. “Van a contrapelo de lo que está pasando en el país, en general, y en Tucumán, en particular. Pregonamos la austeridad y, sin embargo, hay funcionarios que hacen oídos sordos y comprometen a la nueva gestión”, dijo el actual vicegobernador a LA GACETA. “También responsabilizaremos a aquel funcionario que adoptó la medida que, a mi juicio, es irresponsable”. Según el presupuesto vigente, en la planta de personal permanente hay 99.934 cargos, aunque se admite que, tomando en cuenta las comunas rurales y el personal transitorio, la cifra se eleva a unos 110.000 empleados públicos. Sólo para atender el pago de sueldos, el Estado provincial destina $ 40.000 millones mensuales.

Es importante advertir sobre la importancia de poner énfasis en la austeridad en el manejo de la administración pública, sobre todo en estos tiempos de profunda crisis económica que pone en jaque las mismas prestaciones básicas del Estado, por lo que el criterio de nombramientos, recategorizaciones y contrataciones debe surgir de un programa estudiado con miras a largo plazo y no responder a la coyuntura del cambio de administración. Al contrario, la tendencia debería ser a estudiar, con ese mismo impulso, la forma de disminuir el exceso de personal en áreas improductivas. Ya en el consenso fiscal que ha firmado este gobierno con el nacional hace varios años y que ha mantenido renovado, se establece precisamente tratar estrategias para fomentar el empleo privado y la discreción administrativa en el manejo de la planta estatal. El Estado debe ser eficiente en su prestación y debe ser útil para el ciudadano. Transparente, expeditivo, planificado, enfocado en lo prioritario y en los que más lo necesitan. Correspondería, entonces, que se aclaren, revisen y reviertan estas medidas y que se inicie la nueva administración con una política diferente al respecto, marcada esencialmente por la austeridad.